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Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.

Crea y organiza los órganos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: dos secretarías de estado, varias direcciones generales y la subsecretaría. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de todos los ministerios.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.