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Establece un marco entre España y Egipto para proteger la información clasificada en el ámbito de la defensa que se genere o intercambie. Fija definiciones, autoridades de seguridad, grados de clasificación, medidas de protección, acceso, transmisión y contratos clasificados.

Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Establece un marco de cooperación entre España y Canadá para proteger la información clasificada que se intercambien. Fija definiciones, grados de clasificación, reglas de acceso, transmisión, contratos clasificados y visitas internacionales.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Establece reglas y procedimientos para proteger la información clasificada que intercambien el Centro Nacional de Inteligencia de España y la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado de Uruguay. Fija definiciones, autoridades competentes, niveles de clasificación, formas de manejo, transmisión, visitas y resolución de controversias.

Establece un marco para que España y Catar intercambien información clasificada y la protejan. Fija definiciones, autoridades competentes, grados de clasificación equivalentes, medidas de seguridad, habilitaciones, visitas y gestión de incidentes.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Aprueba cambios en varios procedimientos de operación del sistema eléctrico para aplicar la liquidación de desvíos en periodos de quince minutos. El operador del sistema calculará y publicará la medida cuarto-horaria de las unidades de programación a partir de datos de contador o por interpolación lineal.

Modifica los Estatutos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que promueve la libertad religiosa y puede dar subvenciones a confesiones religiosas no católicas con acuerdo de cooperación o declaración de notorio arraigo. También cambia el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., un organismo estatal con autonomía e independencia del Gobierno. El Estatuto regula su organización, personal, presupuesto, contratación y funcionamiento para proteger a quienes denuncian infracciones normativas.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

Establece reglas y procedimientos para proteger la información clasificada en el ámbito de la defensa que España y Chile intercambien. Fija las autoridades competentes de cada país, las equivalencias entre sus niveles de clasificación y las obligaciones de protección.

Establece las condiciones para proteger la información clasificada en el ámbito de la defensa que intercambien el Centro Nacional de Inteligencia de España y el Departamento de Defensa Nacional de Filipinas. Fija definiciones, autoridades competentes, grados de clasificación, reglas de transmisión, acceso, visitas y contratos clasificados.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.