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Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

Modifica la Circular 1/2026, que regula el Registro de Alias de la CNMC. El cambio busca facilitar que los titulares de alias puedan actuar ante el registro sin depender de un certificado digital, tras superarse las 75.000 solicitudes en dos meses.

Modifica dos leyes forales de Navarra sobre transparencia y buen gobierno y sobre la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Incluye a esta Oficina entre los sujetos obligados por la ley de transparencia y ajusta las obligaciones de publicidad activa. También regula los grupos de interés y el mandato de los miembros del Consejo de Transparencia.

Regula el Registro de Alias que gestiona la CNMC, donde las empresas y administraciones públicas deben inscribir los nombres alfanuméricos que usan como remitente en mensajes SMS/MMS/RCS. Los operadores deben bloquear los mensajes con alias no inscritos o enviados por proveedores no habilitados.

Crea la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y fija su composición y funcionamiento. La Comisión coordina y supervisa las actuaciones de los ministerios para aplicar el Plan, que se organiza en cinco ejes: prevención, protección de quienes informan, investigación y sanción, recuperación de activos y cultura de integridad.

España ratifica el Convenio del Consejo de Europa contra la manipulación de competiciones deportivas. El Convenio obliga a los Estados a prevenir, detectar y sancionar los amaños de partidos, y a cooperar entre autoridades, organizaciones deportivas y casas de apuestas. España se reserva no aplicar una parte del artículo 19 sobre competencia judicial.

Modifica la Ley 11/2016 que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Cambia su artículo 1 y otros aspectos sobre su naturaleza jurídica, el estatuto de las personas denunciantes y el régimen de su dirección.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. El recurso lo presentan cincuenta diputados.

Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Modifica la Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña para reducir de nueve a seis años el mandato de su director o directora, sin posibilidad de reelección. El cambio no se aplica a quien ya ocupaba el cargo antes de la entrada en vigor.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.