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Modifica la Ley 21/2003 de fomento de la paz para crear el plan director País de Paz, que la Generalitat debe elaborar cada cuatro años. El plan fija prioridades y recursos en prevención y resolución de conflictos, y el Parlamento lo aprueba a propuesta del Gobierno.

Aprueba el reglamento que desarrolla la ley sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Regula la entrada y salida del país, los visados, la estancia, la residencia temporal y de larga duración, el trabajo, los menores extranjeros y el régimen de infracciones y sanciones.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

Crea un entorno controlado de pruebas para ensayar el cumplimiento de los requisitos de la propuesta de Reglamento europeo de inteligencia artificial, en especial para sistemas de alto riesgo. Regula quién puede participar, cómo se solicita, cómo se desarrollan las pruebas y cómo se hace su seguimiento.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Establece el procedimiento para que el personal de la Guardia Civil pueda votar por correo en elecciones cuando esté en situaciones excepcionales vinculadas con la Seguridad Nacional. También aplica al personal que depende del Ministerio de Defensa o está integrado en unidades militares la normativa de voto de las Fuerzas Armadas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Declara que algunos preceptos son conformes a la Constitución si se interpretan de una determinada manera. Los preceptos afectan a los cacheos, al uso de imágenes de agentes, a la ocupación de inmuebles y al rechazo en frontera de Ceuta y Melilla.