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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, y a sus hijos e hijas menores o con discapacidad. Regula requisitos de las entidades, procedimiento, gastos subvencionables y justificación.

El Tribunal Constitucional anula la disposición adicional segunda de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/2023, que exigía tramitar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para obtener autorización judicial antes de cualquier actuación que afectara al derecho a la vida de personas con discapacidad con apoyo representativo. El tribunal considera que la norma autonómica invade competencias estatales sobre legislación procesal y civil.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados contra varios preceptos de la LOMLOE, que modifica la ley de educación. La sentencia analiza la constitucionalidad de la regulación sobre enseñanza de la religión, uso de lenguas cooficiales, escolarización del alumnado con necesidades especiales y tramitación parlamentaria de la ley.

Establece las bases reguladoras de las ayudas del «Programa Reina Letizia para la Inclusión», dirigidas a personas con discapacidad. El programa busca mejorar sus condiciones formativas y profesionales y su acceso al mercado laboral. Regula requisitos, solicitudes, cuantías, pago y justificación de las ayudas.

Regula el procedimiento para que los pasajeros de transporte aéreo reclamen ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sus derechos de compensación y asistencia por denegación de embarque, cancelación o gran retraso, y los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida. La decisión es obligatoria para las compañías aéreas y puede ejecutarse ante el juzgado de lo mercantil.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ordena su publicación para general conocimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra dos apartados de la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 33/2020, que adopta medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades que colaboren en ejecutar y seguir las medidas alternativas a la prisión y ciertos programas de atención social. Regula quién puede pedirlas, cómo se solicitan, valoran y justifican, y cómo se controlan y reintegran.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, que adopta medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica de forma temporal los criterios comunes de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia. Permite que, si faltan profesionales titulados en la zona, otras personas con titulación distinta o con experiencia en cuidados puedan cubrir esos puestos. El régimen excepcional dura inicialmente tres meses y puede prorrogarse.

Aclara que las personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, como el espectro autista con conductas disruptivas agravadas por el confinamiento, pueden circular por la vía pública durante el estado de alarma, acompañadas de una persona, respetando las medidas para evitar el contagio.