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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

Establece las condiciones para los servicios aéreos y marítimos en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Regula la formación aeronáutica, los vuelos de instrucción, las actividades de recreo, el transporte marítimo en Canarias y Melilla, el transporte turístico de pasajeros y la navegación de recreo.

Modifica dos órdenes anteriores sobre el transporte durante la desescalada del COVID-19. Actualiza las instrucciones para usar mascarillas en los medios de transporte y las medidas sobre navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma.

Permite, durante el estado de alarma por el COVID-19, la formación presencial teórica y práctica de personal ferroviario que ya tiene títulos habilitantes y va a reforzar servicios esenciales. Se limita a conocimientos específicos, reciclajes o refuerzos, y no sirve para obtener nuevos títulos ni licencias de maquinista.

Permite que, durante el estado de alarma por el COVID-19, un maquinista circule sin el certificado o habilitación de una parte de la infraestructura si va acompañado de otro maquinista que sí lo tenga. Se aplica a servicios ferroviarios considerados esenciales por interés social, movilidad básica o abastecimiento.

Establece medidas para que el mantenimiento de los vehículos ferroviarios no se interrumpa durante la crisis sanitaria del COVID-19. Permite cambios provisionales en los planes de mantenimiento y regula la actividad y vigencia de las habilitaciones de los centros de mantenimiento y del personal responsable.

Fija reducciones mínimas en la oferta de transporte de viajeros durante el estado de alarma por COVID-19: al menos un 70% en trenes de media distancia, autobuses, aviones y barcos, y entre un 20% y un 50% en cercanías. También permite abrir oficinas de alquiler de coches sin conductor.