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Modifica la Ley 21/2003 de fomento de la paz para crear el plan director País de Paz, que la Generalitat debe elaborar cada cuatro años. El plan fija prioridades y recursos en prevención y resolución de conflictos, y el Parlamento lo aprueba a propuesta del Gobierno.

Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.

Establece el marco básico estatal para los bomberos forestales que trabajan en la extinción de incendios. Regula sus funciones, clasificación profesional, formación, salud laboral, jornada y derechos específicos, así como el mantenimiento de plantillas en caso de sucesión empresarial.

La ley regula el fomento de la cultura de paz en Aragón. Establece actuaciones en educación y formación, investigación, comunicación, ámbito local, cooperación internacional y protección social. También prevé informar a las Cortes de Aragón.

La Ley autoriza un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar ayudas a sectores económicos afectados por la crisis de la guerra de Ucrania. Incluye medidas para empresas exportadoras, industriales, agroalimentarias, transporte por carretera, transporte escolar, residencias de servicios sociales y el bono social térmico.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica el artículo 27.2 de la Ley de Caza del País Vasco sobre las zonas de seguridad. Mantiene la prohibición de cazar con armas en esas zonas y permite a la diputación foral autorizar excepciones en puestos fijos ya existentes y en determinadas zonas cuando haya razones de interés público.