Buscar en el BOE

Publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que aprueba la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La estrategia fija objetivos y líneas de acción frente a la difusión de armas nucleares, radiactivas, químicas y biológicas, y ordena la gestión de crisis dentro del Sistema de Seguridad Nacional.

Modifica el procedimiento para elaborar el Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional. Añade al Grupo de Trabajo representantes de seis ministerios más y le encarga mantener el catálogo actualizado e integrar recursos de comunidades, ayuntamientos y sector privado.

Aprueba el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ordena su publicación en el BOE. El Plan fija líneas de actuación para evitar que se usen fondos o servicios financieros para fabricar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.

Crea el Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, un órgano colegiado adscrito a la Presidencia del Gobierno. Establece su composición, funciones y régimen de funcionamiento, y regula un Consejo Asesor para canalizar las propuestas del sector.

Modifica el Acuerdo que regula el Comité de Situación para añadir una nueva función: asesorar al Consejo de Seguridad Nacional sobre medidas frente a estrategias híbridas que amenacen la seguridad nacional. También crea, bajo el Comité, un Grupo Permanente de Coordinación de la respuesta nacional frente a las Estrategias Híbridas.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba el procedimiento para elaborar una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La estrategia la preparará el Consejo Nacional de Ciberseguridad con un grupo de trabajo técnico en el que participan ministerios, comunidades autónomas y expertos.

Establece el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación. La Comisión Permanente contra la Desinformación dirigirá el proceso mediante un grupo de trabajo técnico, con aportaciones de comunidades autónomas y expertos.

Aprueba el Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en las Fuerzas Armadas. El plan fija objetivos, áreas de actuación, órganos competentes y un tiempo mínimo semanal de práctica deportiva. Se aplica al personal militar y se apoya en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Aprueba el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Fija quién la redacta, cómo participan las comunidades autónomas y expertos, y qué directrices debe seguir.

Crea el Foro Integral de Seguimiento y Evaluación de la Cultura de Seguridad Nacional, un órgano colegiado de colaboración entre el sector público y el privado. Regula su composición, sus órganos internos y su forma de funcionar.

Modifica el Acuerdo que regula el Comité de Situación para añadirle funciones sobre resiliencia nacional: proponer instrumentos de coordinación y objetivos nacionales de resiliencia al Consejo de Seguridad Nacional. También crea un Grupo Permanente de Coordinación de la Resiliencia Nacional, dependiente del Comité.

Crea el Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional como órgano colegiado de colaboración público-privada, adscrito al Departamento de Seguridad Nacional. Regula su composición, sus órganos (Presidencia, Vicepresidencia, Pleno y Secretaría) y su funcionamiento.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica el Acuerdo que regula el Comité de Situación, un órgano de apoyo en la gestión de crisis. Cambia quién lo preside y quiénes lo componen, adaptándolo a la actual organización de los ministerios.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia. El recurso lo presentan cincuenta diputados y pide anular la ley entera o, si no, varios artículos y disposiciones concretos.