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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026 de las Illes Balears, que deroga la ley autonómica de memoria y reconocimiento democráticos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Deroga la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. La derogación incluye una disposición transitoria sobre los procedimientos en tramitación y una disposición final sobre su entrada en vigor.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Regula los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (radio y televisión autonómicas) para adaptarlos al entorno digital. Establece su misión de servicio público, su organización, su financiación y los controles externos.

La ley regula el acceso a la cultura en Galicia con criterios de inclusión y accesibilidad para todas las personas, en especial quienes tienen dificultades de participación cultural. Crea un plan de accesibilidad y un Observatorio de la Cultura Inclusiva y Accesible de Galicia.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Modifica la Ley Foral 1/2019 de Derechos Culturales de Navarra. Cambia su articulado para ajustar cómo se garantiza el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural en Navarra.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

Aprueba el texto refundido de la Ley de la Escuela Pública Vasca. La norma reorganiza y actualiza la versión en euskera de la Ley 1/1993 para que sea equivalente a la versión en castellano. No cambia el contenido de la ley.

Aprueba el reglamento que fija cómo se usa la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Regula su aprendizaje, su uso en transportes, administraciones, participación política y medios de comunicación, y la atención a la sordoceguera.

Regula los archivos y los documentos de la Comunidad de Madrid. Crea el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y fija sus órganos, la gestión documental, el acceso a los documentos y el patrimonio documental madrileño. También establece la inspección y las sanciones.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Regula la concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación en las Cortes Generales. Estas entidades deben realizar actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural.