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Regula en una sola norma la acreditación estatal y los concursos de acceso a plazas de profesorado universitario funcionario. La acreditación la evalúa la ANECA y es requisito, junto al título de Doctor, para concurrir a los concursos que convocan las universidades públicas.

Modifica la normativa sobre los estudios de doctorado para adaptarla a la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Cambia el Real Decreto 99/2011, el Real Decreto 1002/2010 sobre títulos universitarios y el Real Decreto 641/2021 sobre subvenciones a universidades públicas. Incluye reglas transitorias para quienes ya cursan el doctorado.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Crea y regula el Sistema Riojano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Define sus agentes (universidad, organismos públicos, centros tecnológicos, empresas, grupos de investigación), sus órganos de gobierno, su planificación y su financiación pública y privada.

Modifica el anexo I del Real Decreto 1312/2007, que fija las comisiones de acreditación nacional para acceder a los cuerpos docentes universitarios. Reorganiza las áreas de conocimiento de las comisiones de la rama de Ciencias de la Salud para equilibrar el número de expedientes que resuelve cada una.

Esta ley orgánica regula el sistema universitario español en su conjunto. Establece las funciones de las universidades, su autonomía, la creación de universidades públicas y privadas, la organización de las enseñanzas y títulos, la investigación, la gobernanza y el régimen económico y de personal.

Regula la pesca marina en España: quién puede pescar y con qué licencia, cómo se conservan y gestionan los recursos pesqueros, las zonas de protección y las reservas marinas, la pesca recreativa y la investigación pesquera. Incluye también un régimen de sanciones.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2023, fijando los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye reglas sobre personal, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes locales.

Establece un nuevo sistema de incentivos a la contratación laboral, con bonificaciones a la Seguridad Social para contratos indefinidos y formativos de determinados colectivos. También regula medidas de protección social para las personas artistas.