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La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fija principios, normas y una estructura de responsables para proteger los sistemas, las comunicaciones y los datos personales en la administración digital del Ministerio.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica el Real Decreto 53/2013 sobre protección de animales usados en experimentación y docencia. Actualiza los anexos II y III sobre alojamiento, cuidado y métodos de eutanasia, e introduce cambios administrativos y de organización, como un programa nacional de control oficial y un punto de contacto con la Comisión Europea.

Modifica el Reglamento del Comité Español de Ética de la Investigación para atribuirle de forma explícita la facultad de elaborar pronunciamientos sobre conflictos de integridad científica, investigación responsable y ética profesional que afecten a organizaciones o a sus responsables o integrantes.

La ley regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la Administración pública gallega. Establece principios generales, derechos de la ciudadanía, órganos de gobernanza, planificación y un procedimiento para definir, aprobar e implantar proyectos de inteligencia artificial. También incluye medidas económicas, fiscales, de I+D+i y de formación.

Crea el Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, un órgano colegiado adscrito a la Presidencia del Gobierno. Establece su composición, funciones y régimen de funcionamiento, y regula un Consejo Asesor para canalizar las propuestas del sector.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Concede una subvención directa a la Asociación Española de Normalización (UNE) para financiar la secretaría, la actividad de normalización y la acción internacional en comités de tecnologías digitales, telecomunicaciones e infraestructuras digitales. Regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Modifica trece leyes de La Rioja para adaptarlas a la normativa nacional y mejorar la gestión de los servicios públicos. Regula vivienda, economía social, ciencia, cooperación, educación, convivencia escolar, función pública, igualdad, presupuestos, universidades y juego.

Modifica la orden que crea los Premios «Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos» para incorporar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la comisión que valora las candidaturas.

Crea y regula el Comité Antifraude del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para los proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE). Define su naturaleza, composición, funciones y funcionamiento.

Crea el Órgano de coordinación del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (SCIA), adscrito al Ministerio de Agricultura, y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También modifica dos reales decretos anteriores para encajar este órgano en la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Crea y regula el funcionamiento del Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano consultivo e independiente sobre ética e integridad científica. Establece su composición, funciones, organización interna y reglas de actuación. También amplía a consorcios y fundaciones públicas de investigación el régimen de explotación y cesión de invenciones.

Establece el marco legal del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña. Define sus objetivos, agentes, órganos de gobernanza, personal investigador, financiación y transferencia del conocimiento. Regula también el mecenazgo y la integridad en la investigación.