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Declara de utilidad pública y aprueba la desafectación de 59.873,41 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Ablitas (Navarra). Autoriza al Ayuntamiento a permutar esos terrenos con la Comunidad de Regantes de Ablitas por 124.438,67 metros cuadrados.

Modifica las bases de las subvenciones del Programa CULTIVA, que financia estancias formativas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo. Concreta plazos, aclara la subsanación de solicitudes, ajusta el importe máximo por entidad y cambia la lista de espera cuando una explotación anfitriona renuncia.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para fortalecer la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura. El cambio permite que los gastos se paguen hasta el momento de presentar la justificación, en lugar de exigir el pago dentro del periodo de ejecución del proyecto.

La orden reduce los índices de rendimiento neto del IRPF para 2025 en actividades agrícolas y ganaderas de zonas concretas afectadas por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales. Las reducciones se agrupan por comunidades autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades en un anexo.

España se adhiere al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, que aplica las normas de seguridad del Protocolo de Torremolinos a los buques pesqueros. Con una declaración, España concreta cómo aplicará esas normas a los buques de pesca de 24 metros de eslora o más.

Crea el Sello de gestión transparente del agua y regula cómo se solicita, se concede, se controla, se renueva y se revoca. Distingue a los concesionarios de agua que envían información periódica a una plataforma y cumplen requisitos de gestión transparente. También prevé un sello de gestión transparente y sostenible.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Modifica la norma que regula la pesca de atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo. Actualiza el reparto de la cuota española tras el aumento del Total Admisible de Capturas para 2026-2028 y permite que más tipos de flota puedan imputar capturas fortuitas de esta especie.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de catorce familias profesionales (como Agraria, Energía y Agua, Química o Transporte y Mantenimiento de Vehículos) recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares son la referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Modifica el Real Decreto 581/2017, que regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales en España. El cambio afecta a los requisitos mínimos de formación para las profesiones de enfermería responsable de cuidados generales, odontología, farmacia y veterinaria.

Regula cómo los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas piden al Estado que les compense por la pérdida de ingresos del IBI y del IAE de 2026. Estos beneficios fiscales se concedieron por los daños de las inundaciones en municipios de Andalucía y Extremadura.

Deja sin efecto la obligación de confinar las explotaciones avícolas que se había establecido en noviembre de 2025 para prevenir el contagio de gripe aviar. La medida se levanta en toda España y se aplica desde el mismo día de su publicación.

La ley crea el Estatuto de las Mujeres Rurales del Principado de Asturias. Establece medidas para la igualdad de oportunidades en el medio rural, la formación y el empleo, el acceso a la titularidad de explotaciones agrarias y la protección frente a la violencia sobre la mujer. Crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación.