Buscar en el BOE

Aprueba los nuevos Estatutos de la Universidad de Extremadura para adaptarlos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Regulan su naturaleza, autonomía, fines, estudiantes, personal, actividades, estructura, órganos de gobierno y régimen económico. Deroga los Estatutos anteriores.

Modifica la Ley 3/2018 de Cámaras de Comercio de Extremadura para ajustarla a la normativa básica estatal y cambia la Ley 8/2018 del Comercio Ambulante. También fija plazos para adaptar los órganos de gobierno de las Cámaras y las ordenanzas y autorizaciones municipales.

Modifica la normativa urbanística de Extremadura para agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento. Crea los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible y regula las entidades de certificación urbanística. También permite aumentar la edificabilidad cuando se construyan viviendas con protección pública.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026, con todos sus ingresos y gastos. Regula también las modificaciones de créditos, los gastos de personal, las operaciones de deuda y avales, la contratación y los convenios, y las relaciones presupuestarias con los ayuntamientos.

Concede un suplemento de crédito para cubrir necesidades adicionales de financiación de servicios públicos esenciales, ante la prórroga del presupuesto de 2024. También autoriza operaciones de endeudamiento y la concesión directa de determinadas subvenciones de interés público.

Crea la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) como entidad pública empresarial de la Junta de Extremadura. La norma fija su finalidad, objetivos y funciones en materia de energía, sus órganos de gobierno, personal, contratación, recursos económicos y control. También regula el Bono Social Térmico en Extremadura.

Crea en Extremadura un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Regula su reconocimiento, sus efectos y el programa individual de atención, y modifica varias normas autonómicas sobre dependencia y ayudas económicas.

Crea y regula la empresa pública Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, SA, que gestiona los medios audiovisuales públicos valencianos. Establece sus órganos de gobierno, las normas de programación, el control parlamentario y su financiación.

Modifica la Ley 11/2016 que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Cambia su artículo 1 y otros aspectos sobre su naturaleza jurídica, el estatuto de las personas denunciantes y el régimen de su dirección.

Sube los importes que la Administración regional paga por las plazas y servicios de los conciertos sociales en los sectores de menor y reforma. El aumento se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2024 y varía según el tipo de plaza o servicio.

Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

La ley regula en Aragón la protección civil y la gestión de emergencias. Ordena cómo se organizan las administraciones, los planes de prevención y respuesta, la formación y el voluntariado, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Castilla y León. Crea un censo de bienes, establece las categorías de Bien de Interés Cultural y Bien Inventariado, y fija el procedimiento para declararlos. También regula las autorizaciones para intervenir en esos bienes y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

La Ley aprueba los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2024. Fija los créditos iniciales, su financiación y las normas para gestionar el gasto público autonómico.

El Decreto-ley crea ayudas extraordinarias para el viñedo de secano y para las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal por asesoramiento técnico en 2023. También incluye medidas sobre juego, simplificación administrativa, cooperativas, tasas y precios públicos.

Regula el modelo de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Establece los derechos y deberes de las personas usuarias, la organización y características de los centros, los profesionales y las ratios, la autorización e inscripción, la calidad y el régimen sancionador.

Esta ley aplica al municipio de Badajoz el régimen de organización de los municipios de gran población previsto en la Ley 7/1985. Badajoz es capital de provincia y su Ayuntamiento lo solicitó por unanimidad. La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación.