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Crea el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Cantabria. Fija su ámbito territorial en Cantabria y regula la colegiación, su normativa y sus relaciones con la Administración. La creación se aprueba mediante ley del Parlamento de Cantabria.

La ley reconoce a la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) como universidad privada en Extremadura y fija su sede. Establece su régimen jurídico, estructura, requisitos de acceso, plazo de funcionamiento, inspección y financiación.

La ley regula el reconocimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo en Extremadura y las actuaciones para localizar, exhumar e identificar restos humanos. También crea la Comisión Técnica de la Concordia y regula el acceso a archivos y la divulgación.

La ley regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la Administración pública gallega. Establece principios generales, derechos de la ciudadanía, órganos de gobernanza, planificación y un procedimiento para definir, aprobar e implantar proyectos de inteligencia artificial. También incluye medidas económicas, fiscales, de I+D+i y de formación.

Modifica la Ley 11/2003 que regula los Consejos Sociales de las universidades públicas de Canarias y la coordinación del sistema universitario. Adapta sus funciones, composición y funcionamiento a la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario.

Modifica la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para regular el transporte de viajeros en automóviles de turismo, como el arrendamiento con conductor. Incluye la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos habilitantes y criterios sobre emisiones y uso del espacio público.

Crea ayudas de emergencia para explotaciones ovinas afectadas por la lengua azul y para explotaciones de cereza afectadas por lluvias en Extremadura durante 2024. Se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y fijan beneficiarios, cuantías, procedimiento y control.

Declara bien de interés cultural el Castillo de los Herrera, en Arroyo de la Luz (Cáceres), con la categoría de zona arqueológica. La declaración fija un entorno de protección para el castillo y ordena su inscripción en los registros de patrimonio.

Crea el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía como corporación de derecho público. Regula su ámbito territorial en Andalucía, quiénes pueden colegiarse, su relación con la Administración autonómica y el periodo para constituirse.

Regula la atención y ordenación farmacéutica en La Rioja: define los establecimientos y servicios farmacéuticos, fija derechos y obligaciones de la ciudadanía, y ordena oficinas de farmacia, botiquines, servicios hospitalarios y depósitos de medicamentos. También regula la distribución de medicamentos, la publicidad, los medicamentos veterinarios y el régimen sancionador.

Establece medidas urgentes para reparar los daños y pérdidas causados por las lluvias torrenciales del 11 y 12 de julio de 2025 en Aragón. Incluye subvenciones y compensaciones para viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles, y para infraestructuras municipales y públicas.

Modifica la Ley 10/2017 de La Rioja para introducir medidas fiscales de apoyo al medio rural. La norma se centra en la actividad agraria y su entorno. Incluye una disposición que deroga otras normas y fija su entrada en vigor.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

Modifica la Ley de Función Pública de Extremadura. Amplía hasta doce meses más la duración de los nombramientos de personal funcionario para programas temporales y cambia el apartado 2 del artículo 53 para cumplir un requerimiento de la Comisión Europea.

Modifica la Ley 5/2017 sobre la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la Región de Murcia. Suprime prerrogativas reconocidas a determinados agentes sociales y actualiza la norma para ampliar el diálogo social.