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Aprueba la Política de Seguridad de la Información y de los Servicios en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento y fija su organización y funciones.

Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social y regula su composición y funciones. Este órgano colegiado impulsa la transformación digital del departamento según una estrategia común en tecnologías de la información y las comunicaciones.

Modifica la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para adaptarla a la nueva organización de los ministerios. Fija qué ministerios tienen representante y cuántos vocales aporta cada uno.

Modifica el Real Decreto que crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Cambia su composición, su forma de tomar decisiones y sus normas de funcionamiento, e incorpora la composición paritaria y el lenguaje no sexista.

Modifica el Real Decreto que regula el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor y consultivo de la Administración General del Estado. Actualiza sus artículos sobre organización y funcionamiento y deroga normas anteriores.

Crea y regula la Comisión Asesora de Estudios del Ministerio de Trabajo y Economía Social y establece cómo se elabora y aprueba el Programa de Estudios del departamento. Fija la composición y funciones de la Comisión y las reglas para presentar, seguir y difundir los proyectos de estudio.

Crea y regula la Junta de Contratación y la Mesa única de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Define su composición, funciones y funcionamiento, y suprime los órganos anteriores. Establece un régimen transitorio para los expedientes ya iniciados.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.