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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Aprueba el Esquema Nacional de Seguridad de las redes y servicios 5G, que fija objetivos, análisis y gestión de riesgos, medidas de seguridad y obligaciones para operadores, suministradores y usuarios corporativos. También regula la inspección y el régimen sancionador.

Crea y regula el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de intercambio de vídeos a través de plataforma y de agregación de servicios audiovisuales. Establece cómo se inscriben estos prestadores y el procedimiento de comunicación previa del inicio de actividad.

Modifica dos leyes autonómicas para impulsar la economía del dato en Asturias. Amplía el objeto social del gestor de infraestructuras de telecomunicaciones Gitpa a nuevas tecnologías y regula el uso del dominio público viario para instalar redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Modifica el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico para limitar solo a una parte de la banda de 26 GHz el número de títulos habilitantes, de modo que el resto pueda usarse para comunicaciones electrónicas en autoprestación. También amplía hasta el 14 de febrero de 2024 el plazo para el cese de emisiones de TDT en definición estándar.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Fija la tarifa anual que los establecimientos de hostelería deben pagar a la entidad de gestión EGEDA por emitir contenidos audiovisuales en sus locales. La cuantía depende de la superficie del local y de si los contenidos son de acceso condicional o de acceso abierto.

La orden fija qué deben hacer los operadores de telefonía móvil que emiten en las bandas de 700 MHz y 800 MHz para que sus estaciones no interfieran en la recepción de la televisión digital terrestre. Regula las comprobaciones previas, las soluciones técnicas, la información a ciudadanos y ayuntamientos y quién asume los costes.

Regula la concesión de subvenciones para compensar los gastos de las comunidades de propietarios al adaptar sus instalaciones de recepción de televisión por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital). Establece el procedimiento, los beneficiarios, los conceptos subvencionables y las cuantías máximas.

El Pleno del Tribunal Constitucional acepta el desistimiento del presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, sobre mejora y simplificación de la regulación para fomentar la actividad productiva. Con ello termina el proceso sin pronunciarse sobre el fondo.

Fija criterios para interpretar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que grava la publicidad en línea dirigida, la intermediación en línea y la transmisión de datos de usuarios. Aclara qué es publicidad dirigida, quién es el proveedor del servicio y otros puntos del hecho imponible, el devengo y la base imponible.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.