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La Comunidad de Madrid cambia de forma temporal la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio mientras esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En lugar de la bonificación general del 100 %, se aplica una bonificación variable calculada por la diferencia entre la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio y la del impuesto estatal.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso del Gobierno de Murcia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Declara que ese impuesto es constitucional como tributo directo, personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2023, que recoge medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Junta de Andalucía contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese impuesto es constitucional y no vulnera las competencias autonómicas ni los principios invocados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Modifica la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código civil de Cataluña. Permite a ayuntamientos y comunidades de propietarios actuar cuando grandes tenedores no desocupan viviendas ocupadas ilegalmente y esto altera la convivencia vecinal.

Regula los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat y los ayuntamientos para adquirir viviendas, con el fin de ampliar el parque público de vivienda en la Comunitat Valenciana. Establece los procedimientos para ejercer estos derechos y las condiciones de las viviendas adquiridas.

Modifica varias leyes de vivienda y urbanismo de Cataluña para ampliar la oferta de vivienda a precios moderados y de protección pública en alquiler. Ajusta el planeamiento urbanístico, el patrimonio público de suelo y vivienda y las reservas para vivienda protegida.