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Modifica tres órdenes sobre laboratorios agroalimentarios y de sanidad de la producción primaria. Adapta los precios públicos de sus servicios, la designación del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete y la designación de laboratorio nacional de referencia para análisis de fertilizantes. Con ello ajusta estas normas al Real Decreto 682/2026.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Modifica las bases reguladoras y la convocatoria de 2024 de ayudas a proyectos industriales del sector agroalimentario, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las ayudas se enmarcan en el componente 12 de política industrial y en la inversión 7, que incluye préstamos para proyectos estratégicos del sector agroalimentario.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas al fortalecimiento industrial del sector agroalimentario del Plan de Recuperación. Permite que los beneficiarios elijan libremente al auditor que revisa la cuenta justificativa de la subvención, sin tener que usar el que audita sus cuentas anuales.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Crea el Órgano de coordinación del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (SCIA), adscrito al Ministerio de Agricultura, y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También modifica dos reales decretos anteriores para encajar este órgano en la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC.

Modifica dos normas: la que regula el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias agroalimentarias y la que regula el potencial de producción vitícola. Ajusta el procedimiento de reconocimiento e inscripción de estas entidades y las solicitudes ya presentadas.

Modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios y el régimen de controles que aplica, para adaptarlos a los cambios de la Ley 12/2013 introducidos por la Ley 16/2021. Actualiza sus fines, funciones, sujetos controlados, competencias de sus órganos de gobierno y régimen económico-financiero.

Establece cómo se aplican en España los controles oficiales de la Unión Europea sobre bienestar animal en animales de granja. Crea un plan de bienestar animal, un Centro Nacional de Referencia y una mesa de coordinación, y modifica varios reales decretos sobre protección de terneros, gallinas, cerdos, pollos y transporte de animales.

Establece los criterios técnicos y sanitarios que debe cumplir el agua de consumo, su control y su suministro, desde la captación hasta el grifo. Regula la calidad del agua, la vigilancia sanitaria, la evaluación de riesgos y la información al público.

Modifica las bases de las ayudas a proyectos de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario y convoca las ayudas de 2023. Cambia requisitos de beneficiarios, subcontratación, costes financiables y criterios de evaluación, y fija las condiciones de la convocatoria del año 2023.

Regula la concesión directa de una subvención a la Fundación PRIMA para cubrir sus gastos de funcionamiento en España. La fundación ejecuta la iniciativa europea de investigación e innovación en el área del Mediterráneo sobre agua, agricultura sostenible y alimentación.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos que refuercen la industria del sector agroalimentario, dentro del PERTE Agroalimentario y del Plan de Recuperación. Regula quién puede recibirlas, qué actuaciones se financian y cómo se tramitan y controlan.

Modifica la normativa que regula los contratos de compraventa de leche y el reconocimiento de organizaciones de productores e interprofesionales del sector lácteo. Aclara obligaciones de contrato según dónde esté el comprador, fija un plazo para rechazar ofertas de contrato y precisa reglas sobre tolerancias, adendas y contratos simultáneos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.