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Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Modifica varios reglamentos de seguridad industrial para cambiar cómo las empresas habilitadas deben contratar a los profesionales habilitados. Revierte el requisito de tener al menos un profesional habilitado en plantilla a jornada completa, tras un dictamen de la Comisión Europea que lo consideró contrario a la normativa europea de servicios.

Establece cómo deben enviar cada año sus datos de ventas de energía las empresas obligadas por el sistema nacional de eficiencia energética. Unifica en un solo texto el procedimiento y deja sin efecto tres resoluciones anteriores.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2023, que recoge medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este real decreto-ley reúne medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y para paliar los efectos de la sequía. Incluye cambios en hipotecas, pagos, un nuevo fondo de coinversión, medidas fiscales, energéticas, de transporte, de Seguridad Social, de empleo y de vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión del artículo 173 de la Ley de les Corts Valencianes 7/2021, que añade un apartado 6 al artículo 7 de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. La suspensión había sido acordada al admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023: fija los gastos e ingresos de la administración y sus entes, regula las modificaciones de crédito, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra un artículo de una ley valenciana que añade un apartado al artículo 7 de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de ese precepto quedan suspendidas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2022, que recoge medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, atender situaciones de vulnerabilidad social y económica y apoyar la recuperación de la isla de La Palma.

Modifica varias normas de seguridad industrial para adaptarlas a las reglas de libre acceso a servicios y ejercicio de actividades. Cambia el Reglamento electrotécnico de baja tensión y su instrucción sobre empresas instaladoras, y fija cómo afecta a empresas ya habilitadas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.