Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

Modifica cuatro reales decretos que regulan la concesión directa de subvenciones en materia turística dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ajusta así las ayudas para la modernización y competitividad del sector turístico, incluidas las estrategias de resiliencia en territorios extrapeninsulares.

Modifica las bases de las becas de formación y especialización científica y técnica del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Cambia cómo se recurre la resolución de concesión o denegación de la beca: se podrá presentar un recurso de alzada ante la Presidencia del CEDEX.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley de Galicia 7/2022, que regula medidas fiscales y administrativas. La suspensión afecta a los artículos 10 y 11 y a la disposición transitoria primera, en relación con la zona de servidumbre de protección de costas.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

Desarrolla en España la normativa europea para agilizar los trámites de autorización y contratación de los proyectos de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Fija plazos máximos para conceder autorizaciones y crea una autoridad encargada de coordinar esos trámites.

Establece medidas territoriales y urbanísticas para recuperar la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula las zonas cubiertas por lava según su espesor, los usos permitidos, la dotación de servicios y la reconstrucción de edificaciones.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Pontevedra sobre dos puntos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial puedan personarse ante el Tribunal.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado en las Illes Balears, con un precio máximo de compraventa y de alquiler. Regula sus condiciones, crea un registro autonómico de estas viviendas y modifica varias normas de urbanismo, turismo y vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra tres preceptos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, esos preceptos quedan suspendidos.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Foral de Navarra para adecuar los túneles de Belate y Almandoz a la normativa europea de seguridad en túneles de carretera. La norma fija el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Aprueba una instrucción que regula cómo se registran las actividades de vigilancia de las infraestructuras ferroviarias. Establece qué datos de los activos y de las labores de vigilancia deben quedar registrados y fija plazos para implantar estos registros.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2022 sobre contratación pública. La suspensión se limita a los incisos concretos impugnados por el presidente del Gobierno.