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Crea la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid como organismo público con personalidad jurídica propia. La Agencia se encarga de proteger las redes y sistemas de información de las administraciones y servicios públicos de la región frente a ciberamenazas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Modifica la organización básica del Estado Mayor de la Defensa para adaptarla a los nuevos ámbitos de operación de las Fuerzas Armadas, incluidos el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y el ámbito cognitivo. Ajusta la estructura de este órgano para coordinar esas áreas.

Crea la Agencia Vasca de Ciberseguridad, un organismo público con órganos de gobierno propios. Regula sus funciones, su estructura, su personal y su régimen económico y de contratación.

Establece en qué casos el Ministerio de Justicia usará el código seguro de verificación (CSV) como firma electrónica en actuaciones administrativas automatizadas, es decir, las realizadas por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público. Regula cómo se genera y verifica ese código y quién es responsable.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información y de los Servicios en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento y fija su organización y funciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Establece las bases para conceder ayudas a pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro de los programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» y «Activa Ciberseguridad». Estas ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y buscan impulsar el crecimiento de las pymes.

Modifica la Orden ETD/465/2021 para ampliar el plazo transitorio que permite a los prestadores de servicios electrónicos de confianza demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de identificación remota por vídeo mediante otras certificaciones, informes o pruebas, mientras no existan productos certificados según el esquema previsto.

Modifica las bases de las ayudas del Programa Kit Digital para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo. Amplía qué entidades pueden recibir el bono digital, añade el concepto de mejora funcional y actualiza las soluciones de digitalización y los conceptos no subvencionables.

Regula el Esquema Nacional de Seguridad, el marco común que deben cumplir las administraciones públicas para proteger sus sistemas de información. Establece principios básicos, requisitos mínimos de seguridad, auditorías y categorías de seguridad de los sistemas.

Crea la Unidad Nacional de Coordinación de Asistencia Digital y el Comité Permanente de Información y Asistencia Digital dentro de la Agencia Tributaria. Establece sus normas de organización y funcionamiento para coordinar la asistencia no presencial a los contribuyentes.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.