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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Xunta de Galicia contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del recurso ha perdido su objeto y aplica doctrina de sentencias anteriores. Se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos que atribuyen a las administraciones de vivienda la declaración de incumplimiento de deberes de la propiedad, el contenido de la memoria para declarar zonas tensionadas y la reanudación de desahucios suspendidos por la covid-19.

Establece las normas para aplicar en España dos reglamentos europeos: uno sobre el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y otro para reforzar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Crea puntos de contacto únicos, comisiones de coordinación y procedimientos para declarar proyectos estratégicos.

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

Regula el Registro de producción y gestión de residuos, un registro único en todo el territorio nacional y compartido por las administraciones. Establece su estructura, contenido, fines y cómo se comunican, incorporan y actualizan los datos, así como el acceso a la información.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). La nueva dirección es https://proteccioninformante.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá accesible durante el tiempo necesario para la transición.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Crea el procedimiento para que las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal sean reconocidas como colaboradoras de la Administración General del Estado. Fija los derechos y obligaciones de estas entidades, los requisitos y la documentación para solicitarlo, y crea una Comisión de Evaluación que instruye y resuelve.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado pidió que el Presidente del Gobierno compareciera ante su Pleno para informar sobre varios accidentes ferroviarios, y el Gobierno rechazó ese requerimiento.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Crea y regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS), un sistema para recoger y compartir datos e estadísticas sobre servicios sociales entre las administraciones. Fija sus principios y reparte las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Establece un marco de cooperación entre España y Canadá para proteger la información clasificada que se intercambien. Fija definiciones, grados de clasificación, reglas de acceso, transmisión, contratos clasificados y visitas internacionales.