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Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Establece cómo prorrogar y renovar las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia y trabajo de personas extranjeras que vivían o trabajaban en municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. También fija el procedimiento para pedir una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Aprueba nuevos formularios oficiales para pedir las ayudas de protección civil por los daños de la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye un modelo de solicitud única y otro para autorizar a una entidad a representar al solicitante.

Modifica los anexos I, II y III de la Orden INT/1265/2024, que aprueba el formulario único y los modelos normalizados para pedir las ayudas a la población afectada gravemente por una emergencia de protección civil tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Los nuevos modelos buscan facilitar la cumplimentación de las solicitudes y agilizar su tramitación.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación a hogares, empresas y autónomos afectados por la DANA. También ordena al ICO ampliar el plazo de los avales ICO COVID e ICO Ucrania cuando los préstamos estén suspendidos por el Real Decreto-ley 6/2024.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley de Galicia 7/2022, que regula medidas fiscales y administrativas. La suspensión afecta a los artículos 10 y 11 y a la disposición transitoria primera, en relación con la zona de servidumbre de protección de costas.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2024, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y actualización de tributos propios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Pontevedra sobre dos puntos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial puedan personarse ante el Tribunal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra tres preceptos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, esos preceptos quedan suspendidos.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.

Actualiza el importe que se paga por usar el coche o la moto propia en un viaje de trabajo de la Administración General del Estado. Fija 0,26 euros por kilómetro en automóvil y 0,106 euros por kilómetro en motocicleta, y deroga la orden anterior de 2005.

La ley regula el reconocimiento y las ayudas a las víctimas del terrorismo en Cantabria. Incluye indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, ayudas por daños materiales, asistencia sanitaria y social, medidas educativas, de empleo, vivienda y acceso a cultura y deporte. También crea distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas.

Modifica la Ley Foral de Sanidad Animal de Navarra para fijar la capacidad productiva máxima de las explotaciones ganaderas y la distancia entre ellas, limitar la indemnización máxima por establecimiento y tipificar como infracción superar esos límites.

La ley regula la política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Define sus principios, objetivos, prioridades geográficas y temáticas, y cómo se planifica, ejecuta y evalúa. Crea el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) y ordena los órganos que participan.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.