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Regula los mercados de valores y los servicios de inversión en España. Establece el régimen de los valores negociables, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mercado primario, los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión. También fija normas de conducta, supervisión y sanción.

Actualiza las cláusulas generales del Servicio de Liquidación de Depósitos Interbancarios del Banco de España para adaptarlas al nuevo sistema TARGET, que sustituye a TARGET2 desde el 20 de marzo de 2023. Las liquidaciones pasan a realizarse en nuevas cuentas dedicadas de efectivo (DCA RTGS) y desaparecen las figuras de participante directo e indirecto.

Establece qué información periódica deben enviar al Banco de España las entidades de crédito, sus sucursales en España y los establecimientos financieros de crédito sobre bonos garantizados y otros instrumentos de movilización de préstamos. También modifica dos circulares anteriores sobre información financiera y modelos de estados financieros.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

El Consejo de Ministros aprueba un Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Las entidades que tengan préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual pueden adherirse voluntariamente y ofrecer medidas para aliviar la subida de las cuotas. La resolución da publicidad al acuerdo y a la lista de entidades adheridas.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece un complemento de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022. También cambia la fecha de entrada en vigor de obligaciones de las entidades que declaran a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y modifica varias órdenes sobre crédito revolvente, publicidad bancaria y transparencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo cuarto del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Regula los tipos de cuentas donde se sitúan los fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público administrativo estatal. Establece cómo se autoriza su apertura, uso y cancelación, y el control de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Modifica tres circulares del Banco de España para adaptar la normativa española a las reformas bancarias europeas CRD V y CRR II. Ajusta las reglas de supervisión y solvencia de las entidades de crédito, las opciones regulatorias del reglamento europeo y la transparencia de los servicios bancarios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2022, que modifica normas sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y sobre el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Establece para los establecimientos financieros de crédito las reglas sobre liquidez (colchón de liquidez y ratio de financiación estable neta), las obligaciones de solvencia y de información periódica al Banco de España, y las garantías exigibles para su autorización. También modifica dos circulares anteriores sobre información de entidades de crédito y sobre obligaciones crediticias vencidas.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Modifica las normas sobre la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para adaptarla a su nueva clasificación como parte del sector público. Elimina los límites a la participación del Estado en su capital y regula cómo el FROB puede adquirir participaciones y tomar el control de la sociedad.