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Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Regula en la Comunidad de Madrid la libertad de las familias para elegir centro educativo y proyecto educativo, sin que el lugar de residencia lo limite. También ordena la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas de atención a la diversidad.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de tasas y tributos propios, y en normas administrativas sobre violencia de género, discapacidad, economía circular, investigación, seguros agrarios, policía local y urbanismo. Acompaña a los presupuestos de 2022 de la comunidad.

Crea en el Ministerio de Educación y Formación Profesional una comisión de trabajo para coordinar la atención educativa del alumnado procedente de Ucrania en educación no universitaria y formación profesional. La comisión reúne a representantes del ministerio y sirve de enlace con las comunidades autónomas.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el personal, la deuda y las normas tributarias propias.

Regula la concesión directa de subvenciones a las universidades españolas que participan en el proyecto «Universidades europeas» de la Comisión Europea. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las obligaciones, el plazo de ejecución, la cuantía y la justificación de las ayudas.

La ley reconoce al profesorado de centros educativos de Andalucía la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Regula sus derechos, la protección jurídica y psicológica y las medidas de apoyo, así como la responsabilidad por daños a las instalaciones.

Regula cómo los directores y directoras de centros docentes públicos de enseñanza no universitaria pueden consolidar parcialmente el componente singular de su complemento específico. Establece los requisitos, los criterios de valoración de su labor y el procedimiento para solicitarlo.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios y reparte 20 millones de euros entre las comunidades autónomas para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19. El programa busca apoyar a los centros educativos frente a la brecha digital, el abandono temprano y la pobreza infantil.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y la distribución resultante de 40 millones de euros para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19.

Establece medidas urgentes en educación en las Illes Balears para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19. Regula la adscripción y admisión del alumnado, su tramitación telemática y la relación electrónica del personal docente no universitario con la Consejería de Educación.

Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que establece un marco de referencia común sobre la competencia digital del profesorado. Las administraciones educativas lo usarán para diseñar sus políticas de formación docente y reconocerán como equivalentes las certificaciones basadas en él.

Publica los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021 en la enseñanza no universitaria. Estos acuerdos buscan retomar la actividad lectiva presencial con garantías frente a la COVID-19.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Amplía el plazo para que las Comunidades Autónomas ejecuten las actuaciones de los programas de cooperación territorial de orientación y refuerzo educativo financiados en 2018 y 2019. La ampliación equivale al tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas, más dos meses, con límite del 31 de diciembre de 2021 para el acuerdo de 2019.

Establece medidas urgentes en educación en Extremadura para hacer frente a los efectos del COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos administrativos educativos, el proceso de admisión de alumnado, los conciertos educativos y las subvenciones a escuelas infantiles.

Amplía dos meses el plazo para ejecutar los fondos de cuatro programas de Formación Profesional destinados a las comunidades autónomas, una vez termine el estado de alarma por el COVID-19. Añade tres meses más para justificar el uso de esos fondos.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.