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El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la vigencia del Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, concretamente en la homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Real Decreto aprueba el acuerdo por el que se amplían las funciones y servicios que el Estado había traspasado al País Vasco en materia de enseñanza. La ampliación se refiere a la homologación y a la declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

Establece las bases para conceder subvenciones destinadas a formación en competencias digitales, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Regula quién puede recibir las ayudas, cómo se solicitan, se valoran y se justifican, y cómo se controla el dinero.

Establece la ley de educación del País Vasco: define el Sistema Educativo Vasco, sus principios, fines y valores, y ordena las enseñanzas desde educación infantil hasta personas adultas. Regula el derecho a la educación, el acceso a plazas, la convivencia en los centros, el uso de las lenguas, la gobernanza y la autonomía de los centros.

Aprueba el texto refundido de la Ley de la Escuela Pública Vasca. La norma reorganiza y actualiza la versión en euskera de la Ley 1/1993 para que sea equivalente a la versión en castellano. No cambia el contenido de la ley.

Aprueba el texto refundido de la Ley de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria del País Vasco. El texto actualiza y armoniza la versión en euskera de la ley de 1993 para que sea equivalente a la versión en castellano, sin cambiar el contenido de la norma.

Modifica la norma que regula las listas de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en Ceuta y Melilla. Adapta esa regulación a los cambios en los cuerpos docentes de Formación Profesional introducidos por las leyes orgánicas 3/2020 y 3/2022.

Regula qué materias de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato puede impartir cada especialidad de los cuerpos de funcionarios docentes. También modifica varias normas sobre el profesorado de enseñanzas no universitarias para adaptarlas al nuevo currículo.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023: fija los gastos e ingresos de la administración y sus entes, regula las modificaciones de crédito, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023: fija la previsión de ingresos y autoriza los gastos de la Administración regional, sus organismos y entes públicos. Incluye normas sobre modificaciones de crédito, personal, conciertos educativos, deuda y medidas tributarias.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2023, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Fija las cuantías de créditos e ingresos y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Regula la concesión directa de una subvención a la Asociación del Deporte Español para actividades de formación en capacidades digitales. Se enmarca en el componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a las competencias digitales.

Establece los modelos de los documentos oficiales de evaluación de Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación: actas de evaluación, expediente académico, historial académico, informe personal por traslado e informe de resultados finales. También fija cómo cerrar y abrir expedientes e historiales anteriores.

La ley regula en La Rioja la prevención, detección y atención de la violencia de género. Establece medidas educativas, sanitarias, sociales, laborales, económicas y de vivienda, además de asistencia jurídica, atención policial y reparación para las víctimas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de dos normas de Cataluña sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

Modifica el procedimiento para integrar centros educativos en la red de titularidad de la Generalitat. Añade un requisito sobre el título válido del inmueble donde se ubica el centro y permite, de forma excepcional, eximir de ese requisito y usar espacios provisionales en entornos desfavorecidos.

Regula el sistema educativo de las Illes Balears: su estructura (infantil, básica, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial), la participación de la comunidad educativa, el personal docente, los centros, el modelo lingüístico, la inspección y la financiación.