Buscar en el BOE

Crea el órgano interadministrativo que ejecuta el programa de apoyo al «Año de Investigación contra el Cáncer 2026» y certifica que los gastos se ajustan a sus objetivos. Regula su composición, funcionamiento, funciones y el procedimiento de certificación.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

La Resolución establece los precios públicos que el Instituto de Salud Carlos III cobra por prestar servicios y realizar actividades a través de sus centros nacionales. Sustituye la regulación anterior de 2019 y sus modificaciones.

Modifica el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para ampliar la edad máxima de los hijos e hijas hasta la que se puede pedir la reducción de jornada por cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave. La norma busca equiparar esta licencia a la regulación estatal.

Modifica la normativa que regula la prestación económica de la Seguridad Social para progenitores, guardadores o acogedores que reducen su jornada para cuidar a menores de 18 años con cáncer u otra enfermedad grave. Actualiza las condiciones de acceso, cuantía, duración y gestión de esta prestación.

Regula cómo se autorizan los medicamentos hechos con alérgenos de producción industrial y los graneles de alérgenos, tanto de uso humano como veterinario. También fija particularidades para la preparación individualizada de estos medicamentos.

La ley regula la atención a la salud mental y las adicciones en La Rioja. Reconoce derechos de los pacientes y sus familias y establece actuaciones públicas de promoción, prevención y atención. También fija garantías de tiempo de atención y ratios mínimas de profesionales.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Crea un órgano administrativo que gestiona el programa de apoyo al acontecimiento de interés público «Todos contra el cáncer» y certifica que los gastos se ajustan a sus objetivos. El órgano incluye representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Sanidad y de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica el anexo del reglamento que fija la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas. Ajusta los coeficientes de ciertas enfermedades para que no se excluya a quien ya pudo ingresar con ellas.

Establece el marco jurídico de la alerta sanitaria en Canarias para controlar la pandemia de COVID-19. Fija medidas generales de prevención (mascarillas, distancia, aforos, cuarentenas) y un sistema de cuatro niveles de alerta con medidas según la situación epidemiológica.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Establece el marco para gestionar la pandemia de COVID-19 en Euskadi: declara situaciones de emergencia sanitaria, fija niveles de alerta con medidas según cada nivel, regula el sistema de información de salud, rastreo de contagios y un régimen sancionador.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.

Establece el régimen sancionador en Canarias para quien incumpla las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19. Regula los deberes de cautela, la vigilancia y control, las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador.

Modifica las normas de selección para entrar en los centros de formación de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Concreta que no se puede excluir a un aspirante solo por tener VIH, diabetes, enfermedad celiaca o psoriasis, y exige que los informes médicos de exclusión estén motivados.