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Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Educación a varias entidades para programas educativos, como el Programa MUS-E de la Fundación Yehudi Menuhin, la Confederación Estatal de Personas Sordas, FIAPAS, la FEMP, el CSIC, las ciudades de Ceuta y Melilla, el colegio Parque de España de Rosario y los Movimientos de Renovación Pedagógica. No se conceden en concurrencia competitiva porque son programas en funcionamiento que solo esas entidades pueden realizar.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados contra varios preceptos de la LOMLOE, que modifica la ley de educación. La sentencia analiza la constitucionalidad de la regulación sobre enseñanza de la religión, uso de lenguas cooficiales, escolarización del alumnado con necesidades especiales y tramitación parlamentaria de la ley.

Actualiza los anexos de la Resolución de 20 de septiembre de 2013 para incluir las unidades de orientación educativa de los nuevos centros de educación infantil y primaria creados en Ceuta y Melilla. La resolución entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Regula en la Comunidad de Madrid la libertad de las familias para elegir centro educativo y proyecto educativo, sin que el lugar de residencia lo limite. También ordena la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas de atención a la diversidad.

Regula la atención temprana en la Región de Murcia: el conjunto de actuaciones dirigidas a menores con alteraciones en su desarrollo o riesgo de tenerlas. Ordena la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y educativos, y fija el procedimiento para reconocer, revisar y extinguir el derecho a estos servicios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo único y dos disposiciones adicionales de la Ley Orgánica 3/2020, que modifica la Ley de Educación. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.