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Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la protección de la salud de las personas menores de edad y la prevención de conductas adictivas en Galicia. Establece medidas de promoción de la salud, prevención y control de la oferta de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y adicciones sin sustancia, con un régimen de inspección y sanciones.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

La ley establece garantías para que la Comunidad de Castilla y León preste los servicios autonómicos esenciales en todo su territorio. Incluye garantías específicas para los servicios sanitarios, educativos y sociales en el ámbito rural.

Modifica trece leyes de La Rioja para adaptarlas a la normativa nacional y mejorar la gestión de los servicios públicos. Regula vivienda, economía social, ciencia, cooperación, educación, convivencia escolar, función pública, igualdad, presupuestos, universidades y juego.

La ley cambia el nombre del Consejo Escolar de Cataluña, que pasa a llamarse Consejo de Educación de Cataluña, y fija por ley su composición y su estructura interna. Regula también los cargos de presidente, vicepresidente, vocales y secretario, y las comparecencias y colaboraciones externas.

Establece la ley de educación del País Vasco: define el Sistema Educativo Vasco, sus principios, fines y valores, y ordena las enseñanzas desde educación infantil hasta personas adultas. Regula el derecho a la educación, el acceso a plazas, la convivencia en los centros, el uso de las lenguas, la gobernanza y la autonomía de los centros.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley reconoce el escultismo y el guidismo en Cataluña y a la Federación Catalana de Escultismo y Guidismo como entidad que representa este movimiento. Regula el uso de su terminología y símbolos y establece medidas de fomento por parte de la Generalitat.

Regula el sistema educativo de las Illes Balears: su estructura (infantil, básica, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial), la participación de la comunidad educativa, el personal docente, los centros, el modelo lingüístico, la inspección y la financiación.

Modifica la Ley de universidades de Cataluña para fijar precios públicos de matrícula con tarifación social y criterios de equidad en el acceso. Añade un artículo nuevo y cambia los artículos 4, 41 y 117 de la Ley 1/2003.

Regula en la Comunidad de Madrid la libertad de las familias para elegir centro educativo y proyecto educativo, sin que el lugar de residencia lo limite. También ordena la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas de atención a la diversidad.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Crea dos agencias públicas de Andalucía: la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), que agrupa varios organismos de apoyo a la empresa, y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). Regula su naturaleza, fines, órganos de gobierno, personal y recursos.

La ley reconoce al profesorado de centros educativos de Andalucía la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Regula sus derechos, la protección jurídica y psicológica y las medidas de apoyo, así como la responsabilidad por daños a las instalaciones.