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Suprime una de las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR) de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Modifica el Real Decreto 66/2015, que regula los controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en la cadena alimentaria. Fija en doce meses el plazo para iniciar un procedimiento sancionador tras el informe de control y en diez meses el plazo máximo para resolverlo.

Regula cómo se organizan y ejecutan los controles oficiales sobre la cadena agroalimentaria en España, para aplicar la normativa europea sobre alimentos, piensos, sanidad animal y vegetal. Incluye la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las actuaciones ante riesgos o incumplimientos.

Establece normas para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros educativos. Regula los criterios nutricionales y de sostenibilidad en comedores escolares, la venta de alimentos y bebidas, las máquinas expendedoras, el acceso al agua y la programación de menús. Incluye controles oficiales y un régimen sancionador.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia agroalimentaria y pesquera. Fija los beneficiarios, las actuaciones financiables, las cuantías, el pago y la justificación de las ayudas.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas para crear demostradores y casos de uso de espacios de compartición de datos entre empresas. Ajusta los requisitos de los beneficiarios para alinearlos con el Reglamento europeo de ayudas de Estado y suprime un criterio de selección basado en el domicilio fiscal.

Modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios y el régimen de controles que aplica, para adaptarlos a los cambios de la Ley 12/2013 introducidos por la Ley 16/2021. Actualiza sus fines, funciones, sujetos controlados, competencias de sus órganos de gobierno y régimen económico-financiero.

Modifica la estructura orgánica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la de los departamentos ministeriales. Reorganiza órganos superiores y directivos hasta nivel de dirección general y deroga normas anteriores que se opongan.

Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Crea de nuevo la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA) y fija su composición y funciones. La CIOA es un órgano que coordina la regulación alimentaria entre varios ministerios y emite informes preceptivos sobre aspectos técnicos, sanitarios, de comercialización y de protección al consumidor.

Actualiza las cantidades de dinero destinadas a la alimentación de las personas internas en centros penitenciarios. Fija un precio único por día y plaza según el tamaño del centro y unifica los tres tipos de ración. Se aplica desde el 1 de mayo de 2021.

Desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información. Fija las autoridades competentes, la cooperación entre equipos de respuesta a incidentes (CSIRT), los requisitos de seguridad y la gestión y notificación de incidentes. También regula la supervisión del cumplimiento.