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Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 19/2026, que regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Illes Balears. La convalidación mantiene vigente esta norma.

Modifica el régimen de los contratos de relevo para que el personal laboral de las Administraciones Públicas pueda acceder a la jubilación parcial anticipada. También regula indemnizaciones por residencia en Illes Balears.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 32/2021, de reforma laboral, y contra el artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2022, sobre entidades de crédito. Declara nulas las disposiciones que habilitan al Gobierno para elaborar un estatuto del becario y un reglamento de seguridad y salud de menores trabajadores.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Regula para 2026 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la contratación de personas trabajadoras extranjeras que no residen en España para cubrir puestos de temporada o estables. Fija el procedimiento de las ofertas, los programas de migración circular y estable, los visados y el seguimiento.

Establece las bases y abre la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para el «Plan DANA Ocupación». Este plan financia la contratación de personas trabajadoras en municipios afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024, para tareas de reconstrucción y recuperación económica.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Regula para 2025 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la previsión anual de empleos que se pueden cubrir con personas trabajadoras extranjeras que no residen en España. Establece dos modelos, migración circular (temporada) y migración estable, con ofertas genéricas o nominativas y trámites ordinarios o unificados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Desarrolla el Reglamento de las empresas de trabajo temporal. Fija el número de autorización administrativa, el modelo oficial del contrato de puesta a disposición y el modelo de relación mensual de contratos que estas empresas deben enviar a la autoridad laboral. Adapta los modelos a los cambios legales en contratación laboral.

Regula cómo se tramitan por vía electrónica las prestaciones por desempleo del régimen especial creado por el Real Decreto-ley 7/2024 para los afectados por la DANA. Las empresas presentan solicitudes colectivas por centro de trabajo mediante la aplicación Certific@2.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Regula para 2024 la gestión colectiva de contrataciones en origen, es decir, la contratación de trabajadores extranjeros que no residen en España. Establece dos modelos: migración circular (trabajos de temporada con retorno) y migración estable (residencia y trabajo por cuenta ajena).

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 14/2021, que regula medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. La sentencia concluye que la norma respeta los límites de la Constitución para los decretos-leyes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra varios apartados de la disposición final segunda de la Ley Foral 35/2022, de Presupuestos Generales de Navarra para 2023. Los apartados impugnados se refieren a centros especiales de empleo, empresas de inserción y contratos por especialidad artística.

Desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, un instrumento que, tras su activación por el Consejo de Ministros, permite a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones de contratos. Regula el procedimiento, las garantías para las personas trabajadoras y el Fondo RED.