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Modifica la Ley de Urbanismo de Cataluña y otras normas para adaptar la ordenación del territorio, el urbanismo y la contratación pública a los municipios rurales. Desarrolla medidas de la Ley 8/2025 del Estatuto de municipios rurales para favorecer el arraigo, la repoblación y el equilibrio territorial.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar procedimientos de emergencia cuando la Unión Europea declare una crisis del mercado interior. También cambia el Real Decreto 212/2002 sobre el ruido de máquinas de uso al aire libre, en sus obligaciones de información y métodos de medición.

Aprueba el Reglamento General de Carreteras, que regula la planificación, construcción, financiación, explotación y uso de las carreteras del Estado. Incluye la clasificación de las vías, los estudios y proyectos, las expropiaciones, las autorizaciones y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Establece los requisitos esenciales de aeronavegabilidad de las aeronaves ultraligeras motorizadas (ULM) y regula el diseño, la producción, la certificación y el mantenimiento de estas aeronaves. También modifica el Reglamento para la Construcción de Aeronaves por Aficionados.

Establece el funcionamiento del Mecanismo REINICIA+FEPYME DANA, un fondo de 350 millones de euros en préstamos participativos, con parte no reembolsable, para pymes afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Fija requisitos, ámbito geográfico y plazos de solicitud.

España se adhiere al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en la construcción, adoptado en Ginebra en 1988. El Convenio fija medidas de prevención de riesgos en obras de edificación, obra pública, montaje y demolición.

Prorroga el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para paliar los efectos del COVID-19, permite que las universidades públicas canarias destinen su remanente de libre disposición a determinados gastos y adapta las medidas tributarias excepcionales de La Palma a la normativa anterior.

Califica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional para el empleo de Construcciones Metálicas de Oviedo, en las áreas de Construcciones metálicas y Fundición de la familia profesional de Fabricación Mecánica. Fija su régimen jurídico y confirma que no aumenta el gasto público.

Regula varios programas de ayudas públicas para rehabilitar viviendas y edificios, mejorar su eficiencia energética y construir viviendas en alquiler social. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financian con fondos europeos.

Fija las condiciones para comunicar al Catastro cambios en inmuebles: nuevas construcciones, ampliaciones, reformas, demoliciones y cambios de uso, siempre que exista licencia o autorización equivalente. También regula la comunicación de otras alteraciones cuando no encajan en los supuestos ya previstos.

Aprueba el Código Estructural, que reúne los requisitos técnicos para proyectar, construir y mantener estructuras de hormigón, de acero y mixtas de ambos materiales. Sustituye a las instrucciones anteriores de hormigón (EHE-08) y de acero (EAE) y añade por primera vez una regulación para las estructuras mixtas.