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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica el Reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que apoya la exportación y la inversión de empresas españolas en el exterior. El cambio busca que el FIEM pueda financiar proyectos de reconstrucción de Ucrania, en coordinación con la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Modifica el Real Decreto 1179/2023 para ampliar el plazo de ejecución de las subvenciones a Ceuta y Melilla destinadas a programas de comercio interior. El plazo pasa del 31 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

Modifica el Real Decreto 348/2001, que regula la elaboración, comercialización e importación de alimentos tratados con radiaciones ionizantes. Suprime la obligación de presentar informes anuales a la Comisión Europea, porque esa información ya se cubre con otro reglamento de la Unión Europea.

La Circular establece la metodología y las condiciones para el acceso y la asignación de capacidad en el sistema de gas natural. Regula los servicios y productos de contratación, los procedimientos de asignación, los contratos y las garantías en plantas de regasificación, redes de transporte y distribución y almacenamientos subterráneos.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Crea las Áreas de Promoción Económica en Navarra, entidades que agrupan a comercios y empresas de una zona para impulsar su desarrollo. Regula cómo se constituyen, sus órganos de gobierno, su financiación mediante aportaciones obligatorias y su extinción.

Actualiza y modifica parcialmente cualificaciones profesionales de diez familias profesionales recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones sirven de referencia para diseñar y acreditar la formación profesional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas para crear demostradores y casos de uso de espacios de compartición de datos entre empresas. Ajusta los requisitos de los beneficiarios para alinearlos con el Reglamento europeo de ayudas de Estado y suprime un criterio de selección basado en el domicilio fiscal.

La ley regula la artesanía en Galicia. Actualiza el concepto de artesanía, crea el reconocimiento oficial de talleres, maestros y asociaciones artesanas, y establece la marca Artesanía de Galicia. También crea la Comisión Gallega de Artesanía, el Registro General de Artesanía y la Fundación Pública Artesanía de Galicia.

Regula la concesión directa de subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla para desarrollar programas en materia de comercio interior. Estas ayudas se enmarcan en los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico aprobados para ambas ciudades.

La ley crea las áreas municipales de impulso comercial (AMIC) en las Illes Balears. Regula cómo se constituyen, cómo se organizan, cómo se financian y cuándo se extinguen. También modifica otras normas sobre universidades, juventud, función pública y presupuestos.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.