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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del País Vasco contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del recurso ha perdido objeto y aplica doctrina de sentencias anteriores sobre competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2026, que adopta medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. También incluye medidas para que las comunidades autónomas con superávit ejecuten inversiones pendientes de ejercicios anteriores a 2026.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto por sentencias anteriores y examina si los preceptos restantes respetan las competencias autonómicas en vivienda y urbanismo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que establecía medidas en materia de alquiler como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Comunidad de Madrid contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y sobre las viviendas asequibles incentivadas, y aprecia pérdida parcial de objeto en otros puntos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025 de las Illes Balears, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Crea el Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo y técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Regula su composición, funciones y funcionamiento, y su finalidad es asegurar la participación de agentes sociales en la política estatal de vivienda.

Esta orden fija los plazos y el modelo para que las plataformas en línea de alquiler de corta duración envíen datos a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Los datos incluyen el número de registro, la dirección de la unidad y la actividad de alquiler por unidad.

Crea la Oficina Técnica del PERTE para la Industrialización de la Vivienda, adscrita a la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Esta oficina diseña, pone en marcha, sigue y evalúa los instrumentos del proyecto para industrializar la construcción de vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley catalán 3/2023, que somete el uso turístico de viviendas a licencia previa y a la previsión en el planeamiento urbanístico en determinados municipios. La sentencia examina si concurre el presupuesto de urgencia y si se respetan los límites materiales de los decretos-leyes.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificó normas sobre vivienda para afrontar la emergencia habitacional. La sentencia anula en parte el precepto autonómico que regula la expropiación forzosa de viviendas y declara la pérdida parcial de objeto respecto a preceptos ya anulados por una sentencia anterior.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.