Real Decreto 368/2026, de 6 de mayo, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La Comisión Nacional Española de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante, Comisión Nacional), creada por el Decreto de 20 de febrero de 1953 por el que se constituye la Comisión Nacional Española ante la UNESCO, ha sido objeto de numerosas reestructuraciones desde el Decreto 3162/1966, de 15 de diciembre, por el que se reorganiza la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. La última de dichas modificaciones fue llevada a cabo por el Real Decreto 173/2004, de 30 de enero, por el que se reestructura la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, a fin de adaptarla a las nuevas realidades administrativas de España de conformidad con las directrices marcadas por las sucesivas reuniones de la Conferencia General de la UNESCO, máximo órgano rector de dicha organización internacional. Veintiocho años después de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, afirma desde su preámbulo, la plena integración de la cooperación española en el marco de Naciones Unidas, así como el compromiso renovado con el multilateralismo. Este es, según el artículo 2.3 de la nueva ley, uno de los principios de actuación de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible, que comparte «los principios de la Carta de Naciones Unidas» en su artículo 2.1.

Por su parte, el artículo 6 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, recoge expresamente «los objetivos y metas de desarrollo sostenible acordados en Naciones Unidas» entre los elementos que «conforman el marco general de la planificación y dirección estratégica de la política de cooperación española para el desarrollo sostenible». Además, los objetivos de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible, enunciados en el artículo 4.1, incluyen aquellos que rigen la misión de la UNESCO cuya finalidad es, en virtud del artículo I de su Constitución, aprobada en Londres el 16 de noviembre de 1945, «contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo».

Por otro lado, el Real Decreto 1246/2024, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal «Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo», (en adelante, AECID), afirma ya en su parte expositiva que los objetivos de la cooperación para el desarrollo sostenible están alineados, entre otros, «con la política de cooperación para el desarrollo […] de los principales organismos multilaterales, a cuyo diseño e implementación España también contribuye activamente, como expresión de los valores, identidad y responsabilidad de nuestro país en el plano internacional». Asimismo, el texto aboga por «mantener una línea de trabajo más estable, estratégica y definida con los organismos multilaterales que, alineada con las grandes prioridades del Plan Director, permita articular una presencia más visible de la Cooperación Española en los foros internacionales y una gestión más estratégica de la cooperación multilateral española».