Decreto de 14 de abril de 2026, de la Fiscal General del Estado, por el que se nombra Fiscal Delegada de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria a doña Montserrat Benito Fernández.
Ministerio Fiscal · 28 de abril de 2026
Texto
El 5 de marzo de 2026, el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria remitió a la Inspección Fiscal escrito en el que formulaba propuesta de nombramiento de Fiscal Delegada de Seguridad y Salud en el Trabajo de dicha Fiscalía a la Ilma. señora doña Montserrat Benito Fernández.
Hechos
Primero.
Con motivo del cese de la anterior Fiscal Delegada, quedó vacante la delegación de Seguridad y Salud en el Trabajo de dicha Fiscalía. Para cubrirla, el Fiscal Superior comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. La única solicitante fue la Ilma. señora doña Montserrat Benito Fernández.
Segundo.
La propuesta de doña Montserrat Benito Fernández ha sido elevada por el Fiscal Superior, destacando su formación, antigüedad y compromiso.
Tercero.
El Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción alguna a su designación, considerando a la señora Benito Fernández persona idónea para dicho cargo. El Consejo Fiscal no ha manifestado objeción alguna a la propuesta (art. 3.4 RD 437/1983).
Fundamentos de Derecho
Primero.
El artículo 62.2 del Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal, establece:
Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado.
El Fiscal Jefe convocará la plaza de delegado especialista entre los fiscales de la plantilla. Para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica. En el caso de los Fiscales Delegados Especialistas autonómicos, la plaza se convocará entre los Delegados Especialistas provinciales de la comunidad autónoma.
La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todos los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida por la Inspección Fiscal, dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal.
Segundo.
Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la candidata propuesta.
En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:
Nombrar a doña Montserrat Benito Fernández, Fiscal Delegada de Seguridad y Salud en el Trabajo de la de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado» y notifíquese al Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que lo trasladará a la Fiscal interesada, y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.
Cumpliméntese lo acordado en sus estrictos términos.
Madrid, 14 de abril de 2026.–La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.