Decreto de 16 de marzo de 2026, de la Fiscal General del Estado, por el que se nombra Fiscal Delegada de la Jurisdicción Civil incluida la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía Provincial de Ávila a doña María del Carmen Barberán López.

En fecha 23 de febrero de 2026 ha tenido entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado escrito de doña María del Carmen Barberán López, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Ávila, proponiendo su nombramiento como Fiscal Delegada de la Jurisdicción Civil incluida la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Su recepción determinó la apertura del presente Expediente Gubernativo.

Hechos

Con motivo de la jubilación el día 2 de noviembre de 2025 del anterior Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Ávila que además detentaba el cargo de Delegado de la Jurisdicción Civil incluida la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Ávila, en fecha 23 de enero de 2026, comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado en la delegación debería formular la correspondiente solicitud. La única peticionaria fue doña María del Carmen Barberán López, Fiscal Jefe Provincial.

La propuesta de nombramiento, formulada por el Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Ávila, ha sido elevada, con fecha 18 de enero, a la Fiscalía General del Estado señalando los méritos y la capacidad de la candidata que la hacen idónea para desempeñar el cargo.

Mediante escritos de fecha 4 y 5 de marzo de 2026 la Fiscal de Sala de la Jurisdicción Civil del Tribunal Supremo y la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores no formularon objeción al nombramiento propuesto (art. 62. 2. párrafo tercero RMF). El Consejo Fiscal informó en igual sentido (art. 62. 2. párrafo tercero RMF).

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal señala que los fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo.

Una vez recibida por la Inspección Fiscal, se dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (art. 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento, se acuerda:

1. Nombrar a doña María del Carmen Barberán López, Fiscal Delegada de la Jurisdicción Civil incluida la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía Provincial de Ávila.

2. Notificar lo acordado a la Fiscal Jefa Inspectora, a la Fiscal de Sala de la Jurisdicción Civil del Tribunal Supremo, a la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Ávila, que lo pondrá en conocimiento de todos los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 13.2 EOMF; STS 20/07/2015 Rec. Cas. 2099/2014; Orden de Servicio Inspección Fiscal 24/09/2015), cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado (C/Fortuny, núm. 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el art. 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley, si se dispusiera de legitimación para ello.

Madrid, 16 de marzo de 2026.–La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.