Real Decreto 826/2026, de 14 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible · 15 de octubre de 2026
Regula la concesión directa de subvenciones para financiar el transporte público regular de viajeros en Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. Se dirige a los consorcios y autoridades de transporte de esas zonas, que son los beneficiarios. Se usa la concesión directa porque no hay otras entidades que presten ese servicio.
Qué cambia
Estas subvenciones aportan financiación pública a los sistemas de transporte metropolitano de Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias. Afecta a los usuarios de esos servicios y a las entidades que los gestionan.
A quién afecta
Consorcio Regional de Transportes de Madrid · Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona · Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia · Comunidad Autónoma de Canarias · Usuarios del transporte público regular de viajeros
Transporte e infraestructuras
Administración pública e instituciones
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Texto
Las políticas de movilidad sostenible se están impulsando desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de diferentes instrumentos, entre los que cabe destacar las medidas concretas de apoyo al sostenimiento del transporte público colectivo de las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y Valencia, y de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible viene contribuyendo desde hace varios años, mediante aportaciones específicas dotadas en la sección 17 de los presupuestos generales del Estado de cada año, al sostenimiento financiero de los sistemas de transporte terrestre regular de viajeros en los ámbitos de actuación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità), de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València), así como de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Estos ámbitos de actuación se caracterizan por el importante volumen de población afectada, la intensidad de los desplazamientos, la participación de los distintos niveles de la administración en su gestión, la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores y por la necesidad de trascender su consideración meramente local y de requerir, por tanto, una consideración global e integrada en un conjunto espacialmente más amplio para encuadrar el análisis de los distintos sistemas de movilidad bajo los necesarios criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad.
El objeto de esta subvención es contribuir a la financiación del transporte público regular de viajeros en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y Valencia, y en la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a su importancia como servicio público esencial para los ciudadanos. Debido a que en estos ámbitos de actuación no existen otras entidades que presten tal servicio de transporte público regular, no se considera viable llevar a cabo el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva que se indica en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por ello se considera más adecuado acudir al procedimiento de concesión directa que contempla la citada ley.
La actual situación en 2026, con los Presupuestos Generales del Estado del año 2023 prorrogados, supone que la única opción posible sea acudir al procedimiento regulado en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El transporte público regular de viajeros tiene carácter de servicio público esencial con una incidencia notable para el desarrollo ordinario, tanto de las actividades cotidianas de los ciudadanos en diversos órdenes de sus vidas, como de múltiples actividades económicas, profesionales o sociales. Poder dar respuesta a las crecientes necesidades de movilidad de un volumen significativo de población justifica el mantenimiento de este tipo de financiación, contribuyendo con ello desde la Administración General del Estado al funcionamiento ordinario de la prestación de un servicio público de calidad.
Todo lo anterior avala el interés público, social y económico que justifica la concesión directa de subvenciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, la concesión directa de las subvenciones requiere la aprobación de este real decreto según lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Asimismo, esta subvención está incluida para los años 2026 y 2027 en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el marco del objetivo estratégico dirigido a fomentar un sistema de transporte orientado a mejorar la movilidad de los ciudadanos y la competitividad de nuestra economía.
El presente real decreto se rige por los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Es necesario y eficaz para poder regular la concesión directa de las subvenciones y se justifica por razones de interés público, social y económico, quedando claramente identificados los fines perseguidos; concretamente, la contribución a la sostenibilidad y financiación de los sistemas de transporte referidos.
b) Resulta proporcional porque es el instrumento adecuado para la ejecución de las actuaciones, a cuyo amparo se concede la subvención, y contiene la regulación imprescindible para ello, sin imponer a las entidades beneficiarias más que aquellas obligaciones imprescindibles que garanticen el destino de la subvención.
c) Garantiza el principio de seguridad jurídica, pues es congruente con el resto del ordenamiento jurídico; concretamente, se integra en el propio real decreto lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su redacción dada por la disposición final trigésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, sobre los planes de movilidad sostenible y su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
d) Se adecúa al principio de transparencia mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, durante su elaboración se han llevado a cabo los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública.
e) Es conforme al principio de eficiencia al contribuir a la gestión racional de los recursos públicos existentes, habida cuenta de las disponibilidades presupuestarias y la participación de otras administraciones en la gestión de tales sistemas de transporte.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva que la Constitución Española atribuye al Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, prevista en el artículo 149.1.13.ª.
En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del Estado y la Secretaría General Técnica del Departamento, de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, así como del Ministerio de Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de octubre de 2026,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, por parte de la Administración General del Estado (en adelante, AGE), con el fin de financiar las necesidades de los sistemas del transporte terrestre público regular de viajeros en Madrid, Barcelona, Valencia y la Comunidad Autónoma de Canarias que se desarrollan bajo el ámbito de actuación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità), de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València) y de la Comunidad Autónoma de Canarias, respectivamente.
Estas subvenciones se conceden de forma directa en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de esta misma ley, y en el artículo 67 de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir razones de interés público, social y económico.
Estas subvenciones se dirigen a financiar las actividades realizadas durante el año 2026.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su reglamento, salvo en lo que afecta a los principios de publicidad y concurrencia, por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como por lo dispuesto en las demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 3. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las subvenciones, en las cuantías que para cada caso se recogen en el artículo 8, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità), la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València) y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. Al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las subvenciones otorgadas por la AGE conforme a este real decreto se concederán mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. La Dirección General de Estrategias de Movilidad actuará como órgano instructor del procedimiento de concesión.
2. El procedimiento de concesión se iniciará con la entrada en vigor de este real decreto. Las entidades citadas en el artículo 3 presentarán su solicitud a través del Registro Electrónico General de la AGE en el plazo máximo de diez días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto. Junto con la solicitud aportarán la siguiente documentación:
a) La certificación acreditativa de que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Mediante la presentación de esta solicitud, la entidad solicitante autoriza al órgano instructor a comprobar de forma directa el cumplimiento de dichas circunstancias, a través de certificados telemáticos. No obstante, la solicitante podrá denegar este consentimiento, debiendo, en este caso, aportar los certificados correspondientes, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Una declaración responsable que manifestando que la entidad beneficiaria no es deudora por reintegro de subvenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Una declaración responsable manifestando que la entidad beneficiaria no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2, a excepción de las recogidas en las letras e) y g), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Si la solicitud o la documentación aportadas no reúnen los requisitos establecidos en el apartado anterior, se procederá según lo indicado en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, requiriéndose a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo de diez días, y se le indicará que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, a tenor de lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. El plazo máximo para emitir y notificar la resolución de concesión será de cuarenta y cinco días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la subvención.
5. La resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá recurrirse potestativamente en reposición ante el órgano concedente de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 5. Justificación de las subvenciones.
La justificación de las subvenciones por los beneficiarios se efectuará mediante la presentación de estados contables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, antes del 30 de septiembre de 2027. Los estados contables serán las cuentas anuales que deba elaborar cada beneficiario, de acuerdo al régimen de contabilidad a que esté sujeto, debiendo contener la especificación necesaria para identificar la cuantía de las subvenciones percibidas. Estos estados contables deberán presentarse, a efectos de justificación, acompañados del correspondiente informe de auditoría. Asimismo, cada beneficiario deberá adjuntar certificación de las administraciones territoriales que integran el ámbito territorial de prestación del servicio público regular de viajeros definido en el artículo 7.
No obstante lo anterior, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, la justificación podrá basarse en certificaciones emitidas por la Intervención General de la comunidad autónoma.
La Dirección General de Estrategias de Movilidad comprobará la adecuada justificación de la subvención, pudiendo solicitar de los beneficiarios toda la documentación que considere necesaria para tal fin.
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sujetos a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En cumplimiento de los artículos 18 y 20.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estas subvenciones serán objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 7. Actividades subvencionadas, gastos subvencionables y ámbito de actuación.
Las actividades subvencionadas consisten en el servicio de transporte público regular de viajeros que prestan las entidades beneficiarias.
Son gastos subvencionables las obligaciones reconocidas y los pagos materiales efectuados por los beneficiarios para atender la prestación del servicio del sistema de transporte terrestre público regular de viajeros en Madrid, Barcelona, Valencia y Comunidad Autónoma de Canarias, con cargo a los Presupuestos correspondientes al ejercicio 2026.
Los ámbitos de actuación de las actividades subvencionadas para los beneficiarios indicados serán los siguientes:
a) Comunidad de Madrid, según se define en el artículo 1.4 de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid.
b) Las comarcas de L’Alt Penedès, L’Anoia, El Bages, El Baix Llobregat, El Barcelonès, El Berguedà, El Garraf, El Maresme, El Moianès, Osona, El Vallès Occidental y El Vallès Oriental, según se define en el artículo 1.3 de los Estatutos de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità).
c) Ayuntamiento de Valencia y los municipios integrantes del Área de Transporte Metropolitano de Valencia adheridos conforme a lo indicado en el Decreto 81/2017, de 23 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia.
d) Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 8. Cuantía y financiación.
1. La financiación de las subvenciones a conceder a los beneficiarios se realizará con cargo a los presupuestos del ejercicio 2023 prorrogados para 2026.
2. Las cuantías y los créditos con cargo a los que se financiarán son los siguientes:
Barcelona: 17.41.441M.451.01 «A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona» por importe de 149.301,52 miles de euros.
Madrid: 17.41.441M.451.02 «Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid» por importe de 126.894,00 miles de euros.
Valencia: 17.41.441M.451.03 «A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia» por importe de 40.000,00 miles de euros.
Islas Canarias: 17.41.441M.451.04 «A la Comunidad Autónoma de Canarias» por importe de 47.500,00 miles de euros.
Artículo 9. Compatibilidad con otras fuentes de financiación.
1. El otorgamiento de estas subvenciones, por parte de la AGE, es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de dichas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, incluida la subvención que se regula en el presente real decreto, no supere el coste de la actividad subvencionada.
2. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán comunicar la obtención de los recursos a los que se hace referencia en el apartado anterior. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos según establece el artículo 14.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con esta subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas, según el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 10. Régimen de pago.
1. El pago de la subvención será único y se efectuará de forma anticipada en el año 2026 por la totalidad de la consignación presupuestaria. El pago se realizará con la aprobación de la resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible por la que se conceda la subvención.
2. No será necesaria la constitución de garantías por el pago anticipado previsto en el apartado anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 11. Control.
1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán someterse a cualquier actuación de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible u otro órgano designado por ésta, la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas, y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando para ello cuanta información les sea requerida.
2. De acuerdo con lo expuesto, la Dirección General de Estrategias de Movilidad se encargará de los procesos de justificación, en los términos previstos en el artículo 5, así como del seguimiento y control de la ayuda.
Artículo 12. Publicidad.
En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante estas subvenciones, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá mencionarse al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la AGE, para dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Así mismo, en dicha publicidad se deberá incorporar el logotipo institucional correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la AGE, así como lo dispuesto en la Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la AGE.
Artículo 13. Incumplimientos y reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los ingresos generados e intereses devengados por las subvenciones, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de las subvenciones hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El incumplimiento total y manifiesto de las obligaciones derivadas de la subvención, supondrá el reintegro total de las cantidades percibidas, en los términos establecidos en los artículos 38 a 40 de la citada ley.
2. En el supuesto de cumplimiento parcial de la actividad, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento en su obligación de prestación del servicio de transporte público regular de viajeros y teniendo en cuenta el hecho de que el citado cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Se considera que el cumplimiento parcial se aproxima significativamente al cumplimiento total cuando el porcentaje de ejecución del proyecto sea igual o superior al 90 %.
La no presentación de la justificación de la subvención por el beneficiario o una justificación insuficiente, supondrá el reintegro de las cantidades percibidas que no hayan sido debidamente justificadas.
3. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de publicidad a la que se refiere el artículo 12, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se deberá reintegrar el 10 % de la cantidad percibida. A este supuesto de incumplimiento le serán aplicables las siguientes reglas, en consonancia con los establecido en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio:
a) Si resultara aún posible el cumplimiento de la obligación de publicidad en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a quince días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano concedente haya dado cumplimiento a dicho trámite.
b) Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible el cumplimiento de la obligación de publicidad en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitan dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a quince días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por el capítulo II del título III de su reglamento.
Artículo 14. Infracciones.
Las infracciones en materia de subvenciones que eventualmente se cometan serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título IV de su reglamento.
Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición adicional única. Autorización de la concesión.
Mediante el presente real decreto se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por ser la cuantía de las subvenciones a conceder, individualmente consideradas, superior a 12 millones de euros. Esta autorización no implica la aprobación del gasto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que otorga al Estado el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado el 14 de octubre de 2026.
FELIPE R.
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible,
ÓSCAR PUENTE SANTIAGO
Ayudas
Barcelona
Canarias
Madrid
Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible
Subvenciones
Transporte de viajeros
Transportes terrestres
Valencia
Referencias
Afecta a disposiciones anteriores (2)
de conformidad conel art. 67 del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio