Decreto de 17 de noviembre de 2025, del Fiscal General del Estado, por el que se acepta la renuncia de doña María Isabel Morán González, Fiscal Delegada de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de León.

El 5 de noviembre de 2025 la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de León, remitió escrito a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado en el que renuncia voluntariamente al cargo de Fiscal Delegada de Delitos Económicos de dicha Fiscalía.

Hechos

Único.

La Ilustrísima Señora doña María Isabel Morán González, viene desempeñando las funciones de Fiscal Delegada de Delitos Económicos de dicha Fiscalía desde el 18 de abril de 2018. En el escrito presentado se justifica la renuncia al cargo por ejercer las funciones de Fiscal Jefe de la mencionada Fiscalía y ostentar el nombramiento de delegación de otra especialidad, funciones que le dificultan prestar la dedicación necesaria a la especialidad.

El 7 de noviembre de 2025 se dio traslado de la renuncia al Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía General del Estado, no formulándose objeción a la misma por informe de 12 de noviembre.

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que los Fiscales Delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (artículo 62.2). El nombramiento y cese será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 63.3).

La Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado sobre adaptación del sistema de nombramiento y estatus de los delegados de las secciones especializadas de las Fiscalías y del régimen interno de comunicación y relación con las áreas de especialización delegadas tras la reforma del EOMF operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre, complementa las anteriores disposiciones al establecer que el nombramiento y cese de un Delegado provincial de una especialidad seguirá el mismo trámite que el de los Fiscales Decanos, y que el cargo de Delegado no está sujeto a límite temporal, pero será renunciable por razones justificadas que expondrá por escrito el interesado, requiriendo la aprobación del Fiscal General del Estado previo informe del Fiscal de Sala Coordinador. El Delegado provincial que presente la renuncia continuará desempeñando sus funciones hasta tanto no sea aprobada por el Fiscal General del Estado. La efectividad de la renuncia podrá aplazarse para evitar perjuicios al interés general por el que debe velar el Ministerio Fiscal.

Segundo.

En el presente caso, se han cumplido todos los trámites establecidos para aceptar la renuncia, cuya efectividad debe aplazarse hasta el nombramiento de nuevo Fiscal Delegado/a para asegurar la debida continuidad del servicio que se presta.

En consecuencia, vista la renuncia formulada, de conformidad con las previsiones del Reglamento del Ministerio Fiscal, se acuerda:

1. Aceptar la renuncia de la Ilustrísima Señora doña María Isabel Morán González al cargo de Fiscal Delegada de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de León, con efectos del día en que se nombre nuevo Fiscal Delegado/a.

2. Notificar el presente Decreto mediante traslado de copia del mismo, al Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad Especializada de Delitos Económicos de la Fiscalía General del Estado, al Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-León y a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.

3. Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.

Madrid, 17 de noviembre de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.