Decreto de 23 de abril de 2026, de la Fiscal General del Estado, por el que se nombra Fiscal Delegada de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Provincial de Valladolid a doña Soledad Martín Nájera.

En fecha 6 de marzo de 2026 la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valladolid remitió a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado Decreto en el que se acuerda que la citada Fiscal Jefa va a asumir las funciones de Fiscal Delegada de Delitos contra la Administración Pública de dicha Fiscalía ante la falta de peticionarios para este cargo.

Hechos

Para cubrir el referido puesto la Fiscal Jefe convocó la plaza de especialista, a fin de que esta pudiera ser interesada por los miembros de la plantilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal.

Transcurrido el plazo concedido en la referida convocatoria, fue propuesta la Ilma. Sra. doña Soledad Martín Nájera.

Dado traslado de la propuesta al Excmo. Sr. Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, en escrito de fecha 17 de diciembre de 2025, emitió informe favorable al nombramiento propuesto.

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece para la cobertura del cargo de Fiscal delegada/o especialista, tanto autonómicos como provinciales, que serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe/a respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado/a (artículo 62.2).

Con carácter previo, exige que se realice una convocatoria entre las/os Fiscales de la plantilla, señalando que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.

La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe/a habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todas/os los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida por la Inspección Fiscal, dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (artículo 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Igualmente, la propuesta de la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valladolid está suficientemente motivada y avala la idoneidad de la fiscal propuesta en fecha 5 de marzo de 2026, en el Expediente Gubernativo número 320/2025, habiéndose dado audiencia al Consejo Fiscal.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a la Ilma. Sra. Fiscal doña Soledad Martín Nájera como Fiscal Delegada de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Provincial de Valladolid.

Notifíquese lo acordado a la Excma. Sra. Fiscal Jefa Inspectora, al Excmo. Sr. Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, al Excmo. Sr. Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valladolid que lo pondrá en conocimiento de toda/os los Fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (c/ Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.

Madrid, 23 de abril de 2026.–La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.