Ley 7/2024, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 7/2024, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 28 de octubre de 2024, la península y Baleares sufrieron los efectos de la peor DANA en lo que va de siglo. La intensidad de las lluvias, que en algunos puntos llegaron a superar los 600 litros por metro cuadrado, provocó graves inundaciones en multitud de municipios y carreteras, ocasionando graves daños personales, con un gran número de fallecidos y desaparecidos, y también materiales, tanto en infraestructuras como en bienes públicos y privados, que provocaron la interrupción de servicios esenciales como el abastecimiento de agua, suministro electrónico y telefonía, así como cortes en la red de carreteras y de ferrocarril.

Las zonas más afectadas han sido, en la provincia de Valencia, la zona de Utiel-Requena, l'Horta Sud, la Ribera Alta y Baja y la comarca de Los Serranos; en Albacete, el municipio de Letur, en el que se ha producido una riada; en Cuenca, el municipio de Mira; y en Andalucía, diversos puntos de las provincias de Málaga, Almería, Granada, Sevilla, Huelva y Cádiz.

La magnitud de la emergencia ha sido tal que, en solidaridad con la Comunitat Valenciana, se han sucedido los ofrecimientos y ayudas por parte de las comunidades autónomas y organismos internacionales, además del importante gran número de personas voluntarias que se han trasladado a las zonas afectadas desde todos los rincones, para intentar paliar de manera inmediata las consecuencias de la DANA.

Sin embargo, a pesar de todas las actuaciones llevadas a cabo, la magnitud de la catástrofe natural de la DANA va a requerir que se adopten muchas más medidas para poder hacer frente a la grave perturbación de las condiciones de vida que están sufriendo las poblaciones afectadas.

Medidas que deberán ir encaminadas tanto a ayudar a las víctimas de esta tragedia como a la reconstrucción, reposición y reparación de las infraestructuras, servicios y bienes tanto públicos como privados que hayan resultado dañados, para poder recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad de las zonas afectadas.

En este sentido, una vez más, la economía social y, en concreto, el sector cooperativo, con el objetivo de poner en práctica sus valores, como es el sentimiento de comunidad y el compromiso con el entorno social en que se desenvuelve y con la sociedad en general, demandan la necesidad de contar con una herramienta que les permita, previo acuerdo adoptado democráticamente, destinar la contribución obligatoria para la educación y promoción cooperativa y otros fines de interés público (COFIP) a cualquier actividad que redunde en ayudar a paliar los efectos producidos por este tipo de catástrofes.