Decreto de 9 de abril de 2025, del Fiscal General del Estado, por el que se dispone el cese de don Alberto Campomanes Caleza como Fiscal Delegado especialista de Criminalidad Informática en la Fiscalía Provincial de Huelva.

El día 24 de marzo de 2025 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado escrito del Ilmo. Sr. Don Alfredo Flores Prada, Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, en el que, en el expediente 14/2025 incoado en dicha Fiscalía, hace constar la solicitud de renuncia formalizada por don Alberto Campomanes Caleza a la delegación de la especialidad de criminalidad informática acompañando escrito a tal efecto suscrito por dicho Fiscal.

Hechos

Primero.

Don Alberto Campomanes Caleza fue nombrado Fiscal Delegado de Criminalidad Informática mediante Decreto del Fiscal General del Estado de fecha 6 de junio de 2017.

Con fecha 7 de marzo de 2025 presentó escrito ante el Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, comunicando su deseo de cesar en la delegación de esa especialidad con el fin de atender digna y eficazmente la materia de menores de la que también es delegado.

Dicho escrito fue trasladado a la Inspección Fiscal por el Fiscal Jefe provincial.

Segundo.

En su escrito de fecha 28 de marzo de 2025, la Fiscal de Sala coordinadora de la especialidad emitió informe en el que, vista la petición realizada no aprecia impedimento alguno a efectos de acordar el cese propuesto dejando constancia del excelente trabajo realizado durante el periodo temporal en el que ha ejercido esta función. En el mismo sentido favorable informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefa respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal.

En el mismo sentido la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Por lo que respecta al cese de don Alberto Campomanes Caleza, se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al mismo.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Cesar a don Alberto Campomanes Caleza como Fiscal Delegado especialista de Criminalidad Informática en la Fiscalía Provincial de Huelva.

Notifíquese lo acordado a la Fiscal de Sala de la Unidad de Criminalidad Informática, a la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla y al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, que trasladará copia del presente Decreto al fiscal interesado, poniéndolo en conocimiento de todos los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente cese en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (C/Fortuny n.º 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma Ley.

Madrid, 9 de abril de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.