Real Decreto 140/2025, de 25 de febrero, por el que se regula la Comisión Interministerial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

La cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global es una política pública institucionalizada y un elemento transversal del conjunto de la acción exterior y de la política exterior española que cuenta con un amplio respaldo social y político.

La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional fue inicialmente creada por el Real Decreto 451/1986, de 21 de febrero, por el que se crea la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional. Posteriormente, la entrada en vigor de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, obligó a adaptar sus funciones y composición, adaptación que se realizó a través del Real Decreto 23/2000, de 14 enero, sobre competencias, funciones, composición y organización de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional. Nuevamente se reguló por el Real Decreto 1412/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional; y se modificó por el Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, se adecuan otros órganos colegiados en materia de cooperación y se modifica el Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre.

El 21 de febrero de 2023 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que regula en el capítulo III los órganos competentes en la formulación de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible. En concreto, en el artículo 27 se dispone la creación de la Comisión Interministerial de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (en adelante, Comisión Interministerial) como órgano de coordinación y consulta. A su vez, el artículo 29 establece una regulación general de la Comisión Interministerial, incluyendo su composición básica, sus funciones y ciertos aspectos de su organización.

Asimismo, esta Comisión Interministerial se adapta a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La norma pretende también lograr una aplicación más efectiva del principio de coordinación recogido en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como principio básico de actuación de la Administración General del Estado, de acuerdo, a su vez, con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Española.

La norma es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya que responde a la necesidad de completar la composición y el régimen de organización de la Comisión Interministerial previsto en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, a fin de que esta pueda iniciar su funcionamiento. Es acorde al principio de proporcionalidad, ya que, dado el carácter meramente organizativo de la norma, no contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a los ciudadanos.