Real Decreto 1061/2025, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aprobado por Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo.

Las instituciones fiscales independientes desempeñan un papel esencial en la supervisión de las finanzas públicas, aportando análisis técnicos rigurosos, independientes y accesibles que fortalecen la sostenibilidad fiscal y la calidad del debate presupuestario. La Directiva (UE) 2024/1265 del Consejo, de 29 de abril de 2024, por la que se modifica la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, reconoce este papel reforzado, y promueve la consolidación de un marco institucional que combine autonomía operativa que refuerce la independencia institucional, con mecanismos efectivos de transparencia y control externo. En este contexto, la independencia no debe entenderse como una exención de responsabilidad, sino como una corresponsabilidad ante la sociedad y las instituciones democráticas, que se articula mediante la rendición de cuentas estructurada, periódica y pública.

Este real decreto tiene por objeto la modificación del Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante, AIReF), aprobado por Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, con el fin de introducir una disposición expresa relativa a la evaluación externa de su funcionamiento, en línea con los principios de calidad institucional, rendición de cuentas e independencia funcional que rigen su actividad. Para ello este real decreto introduce una única modificación para incorporar un nuevo apartado 6 en el artículo 5 del Estatuto, dedicado a la programación de la actividad institucional. Mediante este precepto se establece la obligación de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se someta, con carácter periódico, a una evaluación externa independiente de sus funciones, organización, calidad técnica y cumplimiento efectivo de sus fines, realizada por evaluadores independientes.

Esta provisión normativa responde, en primer lugar, a la necesidad de transponer el artículo 8 bis.4.e) de la Directiva, que exige a los Estados miembros reforzar la gobernanza de sus instituciones fiscales independientes, incluyendo la garantía de evaluaciones externas regulares que contribuyan al fortalecimiento de su independencia, fiabilidad y utilidad pública.

Además de su dimensión normativa europea, esta reforma incorpora una buena práctica internacional ampliamente reconocida. Así lo establece el Principio 9 de los «Principios para las Instituciones Fiscales Independientes» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que recomienda expresamente que las instituciones fiscales independientes desarrollen mecanismos de evaluación externa, a cargo de expertos independientes, como fórmula para revisar la calidad de su trabajo y asegurar su credibilidad técnica. Esta recomendación ha sido reiteradamente respaldada por la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea.