Acuerdo de 20 de octubre de 2025, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por el que se declara Lugar de Memoria Democrática «La extinta Dirección General de Seguridad franquista que tuvo su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, en Madrid».

El Acuerdo de declaración de Lugar de Memoria Democrática, cuya incoación se llevó a cabo por Resolución de 16 de octubre 2024, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática (BOE de 24 de octubre de 2024), se realiza de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Dirección General de Seguridad (DGS) en Madrid desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura franquista. Este edificio, ubicado en la Puerta del Sol y actual sede de la Comunidad de Madrid, se convirtió en un símbolo de la represión del régimen franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos.

La Dirección General de Seguridad fue una de las principales herramientas del control y la represión política. Tras la Guerra de España (1936-1939), la DGS asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen.

En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas, y aunque nominalmente su función era asegurar el orden público, en la práctica actuaba como una policía política al servicio del régimen con facultades extraordinarias para actuar en defensa del Estado franquista. Cualquier forma de oposición, ya fuera intelectual, política o armada, era vigilada y perseguida por la DGS.

Uno de los aspectos más oscuros de la actividad de la DGS fue el uso sistemático de la tortura como método de obtención de información y castigo a los detenidos. La tortura en las dependencias del edificio se convirtió en una práctica habitual por la que se buscaba extraer confesiones, atemorizar y desmoralizar a los detenidos. Muchos de los arrestados, activistas políticos, intelectuales, sindicalistas, personas pertenecientes a movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, fueron sometidos a un trato brutal para forzar la delación de sus compañeros y para obtener información sobre las actividades de resistencia.

Son numerosos los testimonios de personas que sobrevivieron a estos interrogatorios que coinciden en señalar la extrema brutalidad con la que se ejecutaban estas prácticas. La impunidad de los funcionarios de la DGS, que operaban con el respaldo del régimen, hizo que estos abusos fueran prácticamente imposibles de denunciar o evitar.

Junto a la tortura física, el régimen utilizaba la represión psicológica y moral a través del encarcelamiento de familiares o las amenazas de represalias contra seres queridos de los detenidos. La represión ejercida desde la DGS tuvo efectos devastadores en la sociedad española. Las DGS se convirtió en un símbolo del terror estatal, y su mera mención evocaba imágenes de brutalidad y sufrimiento. Este impacto psicológico fue clave en la estrategia del régimen para mantener el control, utilizando el miedo como una herramienta fundamental para la desmovilización de la población.