Resolución de 10 de junio de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2021.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de junio de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2021 acuerda:

1. Asumir el contenido y conclusiones comprendidas en el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 21 de marzo de 2024, sin perjuicio y a salvo de las objeciones parciales que sean aprobadas.

2. Mostrar su acuerdo con el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 21 de marzo de 2024, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, en cuanto que sean compartidas y no objetadas por la Comisión Mixta, sin perjuicio y a salvo de las resoluciones que resulten aprobadas.

3. Manifestar que el Tribunal de Cuentas debería haber justificado el motivo de la ausencia en el presente Informe de fiscalización de una mención expresa a la importancia de las aportaciones al acerbo de recursos de la Comunidad Autónoma de La Rioja de los montos procedentes de los mecanismos de compensación y solidaridad interterritorial, en términos equivalentes a los expresados en los Informes sobre la Cuenta General de las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura, los cuales se expresan del siguiente modo:

«El peso relativo de estos recursos, previstos por el sistema para compensar la (in)capacidad de la comunidad autónoma para generar los suyos propios, evidencia una significativa dependencia de los mismos para financiar el presupuesto de la Administración General, que debe ser considerada ante cualquier propuesta de modificación del sistema de financiación vigente.».

4. Manifestar que el Tribunal de Cuentas debería haber valorado adecuadamente y con especial y expresa referencia a las sucesivas cuentas generales fiscalizadas, la importancia de los fondos procedentes de los mecanismos de compensación y de solidaridad interterritorial que han sido aportados, a través de los correspondientes fondos, al acerbo de recursos de la comunidad autónoma fiscalizada.

5. Instar al Gobierno a:

– Promover la adecuada eliminación de todo gasto ideológico para reducir los niveles de deuda pública y hacer reducir, a través de los mecanismos que tiene a su disposición, el endeudamiento de las administraciones regionales para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, sin que los contribuyentes vean aumentada su factura tributaria.

– Asumir la conciencia de la importancia de las aportaciones procedentes de los fondos vinculados con los mecanismos de compensación y solidaridad interterritorial, de cara al mantenimiento financiero del Estado autonómico, en relación con las comunidades autónomas precisadas de asistencia financiera, por insuficiencia de los recursos generados por ellas mismas.

6. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja a:

– Requerir de la Consejería de Hacienda la remisión anual del informe resumen elaborado por la Intervención General de la Comunidad con las principales conclusiones de los controles y auditorías realizados en cada ejercicio.

– Impulsar la aprobación de los cambios normativos precisos en la definición de los criterios de pertenencia de las entidades al sector público autonómico, teniendo en consideración, no solo criterios patrimonialistas basados en la participación mayoritaria del gobierno de La Rioja en su dotación fundacional o patrimonio, sino también en el control de la gestión y nombramiento de los miembros de sus órganos directivos, así como en la financiación de las actividades de la entidad.

– Promover la elaboración y rendición de una Cuenta General única, que permita una visión global de la gestión económico-financiera del sector público de la Comunidad.

– Completar la conciliación de los saldos contables de las rúbricas de inmovilizado, así como los que figuran en el registro de inventario, mediante la implementación definitiva de las herramientas informáticas que posibiliten la coordinación e integración del sistema contable y el de inventario.

– Definir los criterios y establecer los cálculos oportunos para determinar, en cada ejercicio, los saldos deudores de dudoso cobro.

– Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios.

– Implantar una aplicación informática que permita obtener datos históricos sobre los saldos deudores y acreedores, así como elaborar un manual de procedimientos contables en el que se regule el registro de las operaciones no presupuestarias.

7. Instar al Gobierno y al Parlamento de La Rioja a:

– Aprobar los cambios normativos precisos en la definición de los criterios de pertenencia de las entidades al sector público autonómico, especialmente, en el caso de las fundaciones y los consorcios públicos, de forma que se tengan en consideración, además de los criterios patrimonialistas basados en la participación mayoritaria del Gobierno de La Rioja en su dotación fundacional o patrimonio, los relativos al control de la gestión y nombramiento de los miembros de sus órganos directivos, así como a la financiación de las actividades de la entidad.

– Modificar la Ley de Hacienda de La Rioja para configurar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de La Rioja como una cuenta única compresiva de toda la actividad pública autonómica mediante la consolidación de las cuentas de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

– Dar cumplimiento a la Recomendación n.º 1 del Informe de fiscalización y, en su caso, informar acerca de su desarrollo completo, si este ha tenido lugar en ejercicios ulteriores.

– Dar cumplimiento a la Recomendación n.º 11 del Informe de fiscalización y, en su caso, informar acerca de su desarrollo completo, si este ha tenido lugar en ejercicios ulteriores.

8. Instar a la Consejería de Hacienda a definir la estructura y contenido de los presupuestos de capital que deben elaborar las entidades que conforman los sectores públicos empresarial y fundacional de la Comunidad.

9. Instar a la Consejería competente en materia de igualdad a que promueva la aprobación de un plan estratégico de igualdad de hombres y mujeres en el Servicio Riojano de Salud y en la Fundación Hospital de Calahorra y que, con respecto al resto de entidades que se encontraban a 31 de diciembre de 2021 en periodo de transitoriedad en relación con dicha obligación, realice el oportuno seguimiento hasta constatar que resulten aprobados los correspondientes planes.

10. Instar a las distintas Consejerías a realizar una adecuada planificación presupuestaria que haga posible atender sin dificultad las necesidades de gasto previstas para cada ejercicio corriente, de manera que la liquidación presupuestaria recoja la totalidad de obligaciones y derechos devengados en el ejercicio en cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria.

11. Instar a la Dirección General de Control Presupuestario a:

– Requerir de todas las entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional de la Comunidad la remisión de los presupuestos de explotación y capital.

– Elaborar unas instrucciones en las que se normalice y defina el contenido e información de los programas de actuación plurianual que deben presentar las sociedades, fundaciones y resto de entidades autonómicas, así como de los estados presupuestarios previos a la aprobación de los presupuestos anuales y posteriores a la liquidación presupuestaria.

12. Instar a la Intervención General de la comunidad autónoma a:

– Llevar a cabo la implantación de un sistema de gastos con financiación afectada integrado en el sistema contable que permita el adecuado seguimiento de los recursos afectados y el cálculo de las desviaciones de financiación, cuantificando su efecto sobre el resultado presupuestario y el remanente de tesorería.

– Definir los criterios y establecer los cálculos oportunos para determinar en cada ejercicio los saldos deudores de dudoso cobro.

– Completar el contenido de la memoria de la Cuenta General de forma que la información incorporada en la misma facilite una mejor comprensión e interpretación de los estados contables.

– Dar cumplimiento a la Recomendación n.º 12 del Informe de fiscalización y, en su caso, informar de su completo desarrollo en ulteriores ejercicios.

13. Instar al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja y a la Consejería a la que se encuentra adscrito a convocar una Asamblea General Extraordinaria del Consorcio en la que se acuerde adscribir al Consorcio, bien al sector público local o bien al de Comunidad Autónoma de La Rioja y, como consecuencia de ello, se modifiquen, en su caso, sus estatutos.

14. Instar a los Organismos Autónomos a dotarse de los servicios necesarios, de acuerdo con lo previsto en las respectivas disposiciones transitorias de sus leyes de creación, en orden a ejercer las competencias que dichas normas les atribuyen en materia de presupuestación, contabilidad, tesorería y patrimonio, con el objetivo de facilitar la adecuada transparencia de la información económico-patrimonial de estas entidades y el cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales individuales.

15. Instar al Tribunal de Cuentas a:

– Especificar claramente, en los informes de fiscalización, los motivos por los que, en caso de que existan auditorías externas independientes, el Tribunal considera que no son adecuadas sus conclusiones.

– Especificar claramente, en los informes de fiscalización, el porcentaje del saldo a analizar de cada cuenta que consideran suficiente para la obtención de evidencia de auditoría.

– Especificar, en los informes de fiscalización, los análisis realizados que permitan concluir sobre la necesaria contabilización de las obligaciones de pago en caso de la existencia de procesos judiciales.

– Especificar claramente, en los informes de fiscalización, los motivos por los que, en caso de que existan procesos judiciales abiertos, el Tribunal considera que no son adecuadas las conclusiones de expertos independientes.

– Seguir un criterio consistente en la auditoría de las Cuentas Generales y mencionar siempre los riegos que un elevado endeudamiento suponen en la financiación de los servicios básicos del estado.

– Incorporar a los sucesivos informes de fiscalización de la Cuenta General de las comunidades autónomas, que sean examinadas en el futuro, una expresa mención al histórico de la dependencia de cada Sector Público autonómico respecto de los fondos procedentes de los mecanismos de compensación y solidaridad interterritorial.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2025.–El Presidente de la Comisión, Juan Francisco Serrano Martínez.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.