Decreto de 7 de julio de 2025, del Fiscal General del Estado, por el que se nombra Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía Provincial de Las Palmas a don Miguel Ángel Hernández González.

En fecha 17 de junio de 2025 la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas remitió a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado la propuesta de nombramiento del Ilmo. Sr. don Miguel Ángel Hernández González como Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en dicha Fiscalía.

Hechos

Para cubrir el referido puesto, de conformidad con el artículo 62.2 RMM, la Fiscal Jefa, en fecha 16 de mayo de 2025, convocó la plaza de especialista a fin de que ésta pudiera ser interesada por los miembros de la plantilla.

Transcurrido el plazo concedido en la referida convocatoria, se presentaron cuatro solicitudes para optar a dicho cargo: don Miguel Ángel Hernández González, don Ricardo de Mosteryn Sampalo, don Miguel Pallarés Rodríguez y doña María Micaela Martín Arenas.

Finalmente fue propuesto don Miguel Ángel Hernández González, al estimar su idoneidad para el cargo por formar parte de la sección de delitos económicos, lo que le ha permitido adquirir experiencia y conocimiento particular en materia tan ligada a la especialidad como la prevaricación urbanística. Su interés por la especialidad quedó ya patente cuando asumió voluntariamente el despacho de los asuntos relativos a la misma en el periodo comprendido entre julio de 2024 y enero de 2025 en el que la plaza a la que ahora opta estuvo vacante, destacando la jefatura el acierto y la calidad de sus escritos de acusación. Igualmente, relevante resulta el hecho de su participación como fiscal en el conocido como «caso Walka» seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Las Palmas, asunto cuya tramitación comparte con el fiscal delegado de la Fiscalía especial contra la corrupción y criminalidad organizada, a partir de la querella interpuesta de forma conjunta por ambos. Estas dos especialidades resultan fronterizas y participan de perspectivas jurídicas y operativas fácilmente trasvasables de una a otra. Todos ellos son factores que, según parecer de la jefatura remitente, han operado en favor del candidato propuesto, sin que se conozcan motivos que permitan desautorizar o contradecir dicha valoración.

Dado traslado de la propuesta al Excmo. Sr. Fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, con fecha 23 de junio de 2025, remitió informe favorable al nombramiento.

Ha sido oído el Consejo Fiscal.

En fecha 3 de abril de 2025 se ha recibido en la Inspección Fiscal escrito de don Ricardo de Mosteryn Sampalo y don Miguel Pallarés Rodríguez adjuntando copia de las alegaciones efectuadas por los citados a la propuesta de nombramiento, y que al parecer no fueron incluidas en el E.G. 77/2025 de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, a fin de que se subsane este defecto. La anterior solicitud no forma parte del trámite del presente expediente, en el que se han cumplimentado todas las exigencias legales previstas a tal fin.

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal establece para la cobertura del cargo de Fiscal delegada/o especialista, tanto autonómicos como provinciales, que serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe/a respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado/a (artículo 62.2 RMF).

Con carácter previo, exige que se realice una convocatoria entre las/os Fiscales de la plantilla, señalando que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.

La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe/a habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todas/os los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida por la Inspección Fiscal, dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (artículo 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Igualmente, la propuesta de la Ilma. Sra. Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Las Palmas efectuada en el E.G. 77/2025 está suficientemente motivada y avala la idoneidad del fiscal solicitante.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar al Ilmo. Sr. don Miguel Ángel Hernández González, como Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

2. Notifíquese lo acordado a la Excma. Fiscal Jefa Inspectora, al Excmo. Sr. Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, a la Excma. Sra. Fiscal Superior de Canarias y a la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas que trasladará copia del presente decreto al Ilmo. Sr. Fiscal interesado, poniéndolo en conocimiento de toda/os los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma ley.

Madrid, 7 de julio de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.