Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente ley:

PREÁMBULO

La compleja coyuntura económica, marcada por un escenario inflacionista y con tipos de interés al alza, así como la inestabilidad geopolítica internacional y la incertidumbre que persiste sobre la evolución de la economía en la zona euro, se suman en la Comunitat Valenciana a una situación financiera crítica que obliga a elaborar unos Presupuestos de la Generalitat para 2024 basados en la eficiencia, la responsabilidad y el rigor. Unos presupuestos, los primeros del nuevo Consell surgido tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, que garanticen la calidad de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos sin aumentar la deriva irresponsable heredada de un déficit público insostenible y una deuda desbordada.

Bajo la premisa de la eficiencia, la eliminación de duplicidades y de gasto superfluo, estos Presupuestos son la expresión de las prioridades del Gobierno valenciano, que pasan por reactivar la economía, mejorar el bienestar de los ciudadanos garantizando sus derechos, afrontar los retos de futuro, avanzar en el autogobierno y lograr la igualdad real de oportunidades.

Así, como principal instrumento para el desarrollo de la política económica y social de la Generalitat, estos Presupuestos establecen los ejes sobre los que pivotará, en cada área competencial, la acción de Gobierno. Y en ella va a tener un papel primordial la reivindicación, firme y contundente ante el Gobierno de España, de un sistema de financiación autonómica justo que, tras dos décadas de trato injusto y discriminatorio, asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas de la Comunitat Valenciana y, con ella, los derechos de sus ciudadanos.

La situación financiera de la Comunitat Valenciana es, de hecho, un auténtico desafío para este Consell, con una deuda que asciende a 57.246 millones de euros, tras haber obtenido déficits de forma continuada en los últimos años, siendo 2022 un ejemplo evidente de falta de rigor presupuestario con un déficit de 3.860 millones de euros, el mayor déficit del país con relación al PIB.

El escenario, por tanto, es adverso y los obstáculos a sortear son múltiples: el repunte inflacionista que ahoga a las familias y frena la economía, las restricciones de acceso al crédito consecuencia del alza de los tipos de interés, una elevada presión fiscal que ahuyenta las inversiones empresariales, el exceso de burocracia que paraliza la actividad y frena el crecimiento, la menor llegada de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la infrafinanciación por parte del Estado, la discriminación en política inversora, en recursos hídricos y en infraestructuras, y una deuda y un déficit insostenibles, fruto de una gestión irresponsable e ineficaz.