Resolución de 25 de noviembre de 2024, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 7 de octubre de 2024, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas para el Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2024, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del Componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes · 11 de diciembre de 2024
Publica el acuerdo por el que se reparten entre las comunidades autónomas 96.884.040 euros para el Plan de Modernización de la Formación Profesional en 2024, dentro del Plan de Recuperación. El dinero financia tres actuaciones: acreditar competencias profesionales, convertir aulas en espacios tecnológicos y ampliar la oferta de FP.
Qué cambia
Las comunidades autónomas reciben los fondos para acreditar competencias adquiridas por experiencia laboral, crear aulas tecnológicas y aumentar los grupos de Formación Profesional.
A quién afecta
comunidades autónomas · estudiantes de Formación Profesional · personas con experiencia laboral sin titulación · centros de Formación Profesional · empresas
Cifras
importe total: 96.884.040 euros para 2024
acreditación de 2.000.000 de unidades de competencia, prevista para el cuarto trimestre de 2025
conversión de al menos 1.253 aulas en aulas tecnológicas, prevista para el cuarto trimestre de 2025
al menos 8.252 nuevos grupos de FP respecto al curso 2019/2020, previstos para el cuarto trimestre de 2025
Educación y universidades
Empleo y trabajo
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
La Conferencia Sectorial de Educación, en su reunión de 7 de octubre de 2024, ha aprobado la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas para el Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2024, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, por importe de 96.884.040 euros, en el marco del Componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Para general conocimiento, esta Secretaría General de Formación Profesional dispone la publicación del citado acuerdo como anexo a la presente resolución.
Madrid, 25 de noviembre de 2024.–La Secretaria General de Formación Profesional, Clara Sanz López.
ANEXO
Acuerdo de 7 de octubre de 2024 de la Conferencia Sectorial de Educación por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas, para el Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el ejercicio presupuestario 2024, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, por importe de 96.884.040 euros, en el marco del componente 20 «Plan Estratégico de impulso de la Formación Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
El Plan de Modernización de la Formación Profesional derivado de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, para desarrollar un proyecto moderno de país en el marco de un nuevo contrato social global, tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de cualificación y recualificación de jóvenes y trabajadores futuros y actuales, a nivel individual y colectivo de cada empresa, en estos momentos de reconstrucción y creación de un nuevo modelo de crecimiento económico.
La misión del Plan es crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento, y garantizar una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo hasta la población activa. La propuesta es convertir la Formación Profesional en una palanca para la reconstrucción mediante tres pasos:
1. Reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.
2. Mejora de la accesibilidad a la Formación Profesional y a los servicios de orientación profesional.
3. Incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento en el sistema de Formación Profesional.
Las actuaciones de este Plan para la formación profesional se han incluido como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la economía española, instrumento clave de la UE para salir más fuerte y más resistente de la crisis provocada por el coronavirus.
Con la finalidad de cumplir con el objetivo del Plan de Modernización para la Formación Profesional, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha definido las siguientes actuaciones, de carácter estratégico, recogidas en el componente 20 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR):
Actuación 1: Evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación.
Componente: 20 Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
Inversión: I.01 Reskilling y upskilling de la población activa ligada a cualificaciones profesionales.
Objetivo: La medida tiene asociado el objetivo CID 297, con ejecución prevista en el Q4 del año 2025, consistente en el registro (matriculación), evaluación y acreditación de 2.000.000 de unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, adquiridas mediante la experiencia laboral e itinerarios de formación no formal.
Actuación 2: Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada.
Componente: 20 Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
Inversión: I.02 Transformación digital de la Formación Profesional.
Objetivo: La medida tiene asociado el objetivo CID 467, con ejecución prevista en el Q4 del año 2025, consistente en la conversión de al menos 1.253 aulas en aulas tecnológicas que recreen entornos de trabajo utilizando recursos tecnológicos y que permitan a los estudiantes acceder a las tecnologías que posteriormente encontrarán en las empresas.
Actuación 3: Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional.
Componente: 20 Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
Inversión: I.03 Innovación e internacionalización de la Formación Profesional.
Objetivo: La medida tiene asociado el objetivo CID 302, con ejecución prevista en el Q4 del año 2025, consistente en la dotación de al menos 8.252 nuevos grupos de FP en comparación con el año académico 2019/2020. Fecha del valor de referencia: año académico 2019/2020.
En el presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en las aplicaciones presupuestarias 18.50.32TA.45550, 18.50.32TB.45550 y 18.50.32TC.45550, se destina la cantidad de 96.884.040,00 euros para la ejecución en 2024 de las actuaciones de este Programa de Cooperación Territorial (PCT).
Primero.
De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en los términos establecidos en los siguientes apartados, se autoriza la propuesta de la distribución, según criterios objetivos, de los créditos correspondientes al ejercicio presupuestario 2024, por un importe noventa y seis millones ochocientos ochenta y cuatro mil cuarenta euros (96.884.040,00 euros) destinados a financiar las actuaciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional dentro del marco del PRTR, que se relacionan a continuación en el anexo adjunto.
Segundo.
La gestión de estos créditos por las comunidades autónomas (en adelante, Comunidades Autónomas) se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Además, al tratarse de créditos consignados en el servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», les será de aplicación las especialidades previstas en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR:
«1.a) A efectos de lo dispuesto en la regla quinta del artículo 86.2 de la LGP, una vez aprobada la distribución definitiva de los créditos en la correspondiente Conferencia Sectorial podrán librarse en su totalidad a cada Comunidad Autónoma de una sola vez.
1.b) A efectos de lo dispuesto en la regla sexta del artículo 86.2 de la LGP, de la cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma no se descontarán los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al término de cada ejercicio para esos créditos, que estén en poder de las Comunidades Autónomas, que seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos.
Si la actuación a la que corresponde el remanente resultase suprimida en el presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviese comprometido se reintegrará al Estado.
En el marco de las conferencias sectoriales y de acuerdo con las previsiones incluidas en el Plan Nacional de Recuperación, se procederá a la aprobación de los criterios de distribución de fondos para subvenciones gestionadas por las Comunidades Autónomas con carácter plurianual.
2. A fin de garantizar la correcta ejecución de las medidas recogidas en el PRTR se otorga carácter incorporable, en los términos recogidos en el artículo 42 de este Real Decreto-ley, a los créditos recogidos en los presupuestos de las Comunidades Autónomas destinados a ejecutar las actuaciones acordadas en el marco de las Conferencias Sectoriales.»
Tercero.
De acuerdo con lo previsto en el apartado a), de la regla segunda, del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución se fijarán por la Conferencia Sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico.
Cuando el importe total a distribuir fuera superior a 12 millones de euros, deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial, la autorización del Consejo de Ministros. La citada autorización no conllevará la aprobación del gasto, que corresponderá al órgano competente en cada caso. A efectos de recabar la autorización, se remitirá propuesta de distribución a someter a la Conferencia Sectorial.
Cuarto.
La comunicación preceptiva y previa a Hacienda, que incorpora la información relativa a la actuación a desarrollar, tal y como recoge el apartado quinto de la disposición adicional primera de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, se realizó el 7 de junio de 2024.
Quinto.
Con posterioridad a la presente autorización y según lo previsto en el artículo 148.2.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación se aprobarán los criterios de reparto y la distribución resultante entre las Comunidades Autónomas.
Sexto.
Con posterioridad al acuerdo de distribución de los créditos por la Conferencia Sectorial de Educación, el órgano competente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes aprobará los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalizarán los compromisos financieros resultantes, de acuerdo con la regla cuarta de del artículo 86.2 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, de 26 de noviembre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Séptimo.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes realizará el seguimiento y control de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el que fueron transferidos y su adecuada ejecución.
En particular, las Comunidades Autónomas deberán garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, especialmente en materia de conflicto de intereses, fraude o corrupción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en el artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre.
Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», y en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo. Garantizarán así que todas las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución del presente acuerdo respeten el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y el etiquetado climático y digital, incluyendo el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas al Componente 20 y a sus medidas.
Las medidas financiadas con los créditos distribuidos en el presente Acuerdo de Consejo de Ministros tienen un peso asignado del 0 % de coeficiente de clima y de 0 % de coeficiente digital, a excepción de la medida Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (Componente 20 – Inversión 02 – Proyecto 02) con un coeficiente digital asignado del 40 % (Campo de intervención 016 – Desarrollo de capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial, la iniciativa empresarial y la adaptabilidad de las empresas al cambio), tal y como se dispone en el anexo VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Octavo.
La distribución de fondos propuesta en el marco del PRTR para la actuación 1: Evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación tiene asociado el objetivo CID 297, con ejecución prevista en el Q4 del año 2025 de un total, entre registro (matriculación), evaluación y acreditación, de 2.000.000 de unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral e itinerarios de formación no formal y los indicadores de seguimiento establecido en el anexo II de las disposiciones operativas (operational arrangements, OAs): núm. 297.1, con cumplimiento en el Q2 del año 2022; núm. 297.2, con cumplimiento en el Q2 del año 2023 y núm. 297.3, con cumplimiento en el Q2 del año 2024.
La distribución de fondos propuesta en el marco del PRTR para la actuación 2: Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada tiene asociado el objetivo CID 467 para la conversión de al menos 1.253 aulas en aulas tecnológicas que recreen entornos de trabajo utilizando recursos tecnológicos y que permitan a los estudiantes acceder a las tecnologías que posteriormente encontrarán en las empresas.
La distribución de fondos propuesta en el marco del PRTR para la actuación 3: Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional tiene asociado el objetivo CID 302, con cumplimiento en el Q4 de 2025, en lo relativo a la creación de 8.252 nuevos grupos de FP en comparación con el año académico 2019/2020 y el objetivo OA 302.1 definido como la creación de 66.0000 nuevas plazas de FP en el Q4 del año 2023.
Noveno.
De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, quedan aprobados, en los términos que figuran en el anexo, la propuesta de distribución y los criterios de reparto a las Comunidades Autónomas:
Plan de modernización de la formación profesional | Importe – Euros | Aplicación presupuestaria
Componente 20 – Inversión 01 – Proyecto 01. Evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación. | 15.359.040,00 | 18.50.32TA.45550
Componente 20 – Inversión 02 – Proyecto 02 Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada. | 26.400.000,00 | 18.50.32TB.45550
Componente 20 – Inversión 03 – Proyecto 02 Redimensionamiento de la oferta de FP. | 55.125.000,00 | 18.50.32TC.45550
Total. | 96.884.040,00
De acuerdo con lo previsto en la regla séptima del artículo 7 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados en 2024, en las Comunidades Autónomas y sus entidades dependientes, los ingresos por transferencias recibidas de la Administración General del Estado, procedentes del MRR y del REACT-EU, están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del PRTR, con el grado de detalle especificado en el mismo.
En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público. El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda.
Le será asimismo de aplicación, a los fondos transferidos, lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y a la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dado que ambas constituyen el núcleo de la regulación sobre la gestión del PRTR. El contenido de ambas deberá tenerse en cuenta, especialmente en lo que respecta al sistema de gestión y al respeto de los principios horizontales del MRR.
Asimismo, les será de aplicación la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistémico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta autorización queda sometida a disponibilidades presupuestarias.
ANEXO
Criterios de distribución y distribución resultante del crédito para la financiación del Plan de Modernización de la Formación Profesional
Para dar cumplimiento y continuidad al Plan de Modernización de la Formación Profesional, para responder a la situación planteada por las necesidades de digitalización de las estructuras productivas y del capital humano, consecuencia de la pandemia COVID-19 y a la consolidación del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en el presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha destinado un crédito de 96.884.040,00 euros a transferencias a las Comunidades Autónomas para ayudas a acciones del Plan de Modernización de la Formación Profesional.
Este crédito debe permitir la continuidad, hasta el 31 de diciembre de 2025, al Plan de Modernización de la Formación Profesional. Para este PCT, los créditos financiados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se distribuyen con cargo al Servicio 50.
Los criterios de distribución utilizados en cada una de las actuaciones han sido:
– Evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación:
● Coeficiente de trabajadores sin titulación profesionalizante por Comunidades Autónomas (50 %).
● Coeficiente por personas desempleadas (15 %).
● Coeficiente por tasa de riesgo de pobreza (10 %).
● Coeficiente por dispersión población activa y corrección km2 por superficie Comunidades Autónomas (15 %).
● Coeficiente por dispersión geográfica de las Administraciones Públicas (10 %).
La cuantía asignada a cada comunidad autónoma fue distribuida proporcionalmente a los criterios de distribución teniendo en cuenta los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.EPA.Personas ocupadas. Estadísticas de demandantes de empleo. Parados. SEPE. INE.EPA. Datos superficie en Km2 de cada Comunidad Autónoma. INE Anuario 1994 extensión superficial de las Comunidades Autónomas y provincias por zonas altimétricas y datos de elaboración propia del Ministerio, a partir del número de provincias de cada Comunidad Autónoma, considerando Baleares y Canarias como número de islas.
– Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada:
● Coeficiente por número de alumnado matriculado en todos los niveles de FP, en modalidad presencial y distancia, en centros sostenidos con fondos públicos (30 %).
● Coeficiente por número de centros sostenidos con fondos públicos que imparten FP (35 %).
● Coeficiente por brecha de género. Alumnado matriculado en FP (10 %).
● Coeficiente por tasa de riesgo de pobreza (10 %).
● Coeficiente por dispersión demográfica (tasa habitante por km2) (10 %).
● Coeficiente por dispersión geográfica de las Administraciones Públicas (5 %).
La cuantía asignada a cada comunidad autónoma fue distribuida proporcionalmente a los criterios de distribución teniendo en cuenta los datos proporcionados por Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP. Elaboración propia del MEFP, a partir de los datos de alumnado matriculado en FP. Instituto Nacional de Estadística. Población por comunidades y ciudades autónomas. Padrón municipal a 1 de enero 2021. Datos superficie en km2 de cada Comunidad Autónoma. INE Anuario 1994 extensión superficial de las Comunidades Autónomas y provincias por zonas altimétricas y elaboración propia MEFP, a partir del número de provincias de cada Comunidad Autónoma, considerando Baleares y Canarias como número de islas.
Todas las alusiones al alumnado se entenderán como alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos.
Todas las alusiones a centros se entenderán como centros sostenidos con fondos públicos.
– Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional:
● Coeficiente por número de alumnado matriculado en todos los niveles de FP (30 %).
● Coeficiente por número de alumnado matriculado en CFGB y CFGM en centros sostenidos con fondos públicos (8 %).
● Coeficiente por número de alumnado que finalizan la escolaridad obligatoria (14 %).
● Coeficiente por número de centros que imparten CFGB y CFGM (6 %).
● Coeficiente por brecha de género. Alumnado matriculado en FP (4 %).
● Coeficiente por tasa de abandono educativo temprano (8 %).
● Coeficiente por tasa de riesgo de pobreza (10 %).
● Coeficiente por dispersión demográfica (tasa habitante por km2) (10 %).
● Coeficiente por dispersión geográfica de las Administraciones Públicas (10 %).
La cuantía asignada a cada comunidad autónoma fue distribuida proporcionalmente a los criterios de distribución. El cálculo se hizo teniendo en cuenta los datos proporcionados por la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del MEFP a partir de los datos de alumnado matriculado en FP. Instituto Nacional de Estadística. Población por comunidades y ciudades autónomas. Padrón municipal. Datos superficie en km2 de cada Comunidad Autónoma y provincias por zonas altimétricas. Elaboración propia MEFP, a partir del número de provincias de cada Comunidad Autónoma, considerando Baleares y Canarias, como número de islas.
Todas las alusiones al alumnado se entenderán como alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos. Todas las alusiones a centros se entenderán como centros sostenidos con fondos públicos.
La cuantía asignada a cada comunidad autónoma tras la aplicación de los criterios de distribución es la siguiente:
Las actuaciones contempladas en el presente acuerdo serán incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad con cargo al presupuesto de la Unión Europea.
En la ejecución de los créditos concedidos, las Comunidades Autónomas deberán garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, especialmente en materia de conflicto de intereses, fraude o corrupción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento 241/2021 y artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre.
Asimismo, garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climático, conforme a lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, así como, en la demás normativa de desarrollo.
Para ello, las Comunidades Autónomas preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar su implementación. En particular, para garantizar el cumplimiento del principio DNSH en la ejecución de los fondos de la Inversión 02– Proyecto 02 Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada de conformidad con el apartado 8 del Componente 20, deberá respetarse lo siguiente:
«Los equipos IT cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.
En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.
Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.
Al final de su vida útil, los equipos se someterán a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE.»
Asimismo, las Comunidades Autónomas se asegurarán del reintegro de las cuantías percibidas por las personas o entidades beneficiarias en el caso de incumplimiento del principio de DNSH y el etiquetado climático.
Compromisos de colaboración.
Las Comunidades Autónomas se comprometen a desarrollar las siguientes actuaciones, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025:
– Evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación: Las acciones subvencionables son todas las derivadas del procedimiento, que van desde la inscripción del candidato hasta, en su caso, la expedición final de la acreditación parcial acumulable, así como las asistencias técnicas. Estarán incluidas las derivadas de los procedimientos de acreditación del personal de tropa y marinería que se efectúen en colaboración con el Ministerio de Defensa en el territorio de cada Comunidad Autónoma.
– Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada: La acción subvencionable es la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada con los que los alumnos se aproximen a entornos de trabajo mediante la incorporación de recursos propios de cada sector productivo, simuladores y otros elementos tecnológicos.
– Redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional: Las acciones subvencionables son:
● Todo nuevo grupo de FP creado en el curso académico 2024-2025, de 1.º o 2.º curso, no incluido en los repartos de crédito de los ACM 2020, 2021 y 2022 y 2023.
● Todo nuevo grupo creado en el primer cuatrimestre del curso académico 2025-2026 de 1.º o 2.º curso (antes del 31 de diciembre de 2025).
Los centros en los que se creen los nuevos grupos son centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional.
Los compromisos de cumplimiento de los objetivos CID, asociados a cada una de las actuaciones financiadas, asumidos por cada Comunidad Autónoma son:
Las Comunidades Autónomas garantizarán que las subvenciones otorgadas contribuyen a la creación de empleo. A estos efectos, los beneficiarios estarán obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente en los términos que se determinarán en la correspondiente resolución por la que se formalice la transferencia de fondos.
Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, no más tarde del 31 de marzo de 2025, las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes un estado de ejecución indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados detallado para la aplicación presupuestaria del Presupuesto General del Estado desde la que se realice la transferencia de crédito.
Las Comunidades Autónomas deberán proceder a un adecuado control de los fondos recibidos que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los mismos por los perceptores finales.
Las Comunidades Autónomas quedarán sometidas a la totalidad de la normativa reguladora del MRR y, en particular, en lo relativo a:
– Obligación de seguimiento por parte de la Comunidad Autónoma del cumplimiento de los objetivos mediante el adecuado seguimiento de los indicadores y obligación de reportar la correspondiente información.
– Obligación de mantener una adecuada pista de auditoría, incluida la correspondiente documentación, sobre el cumplimiento de los objetivos.
– Obligación de seguimiento contable de los gastos y de reporte de la correspondiente información.
– Obligación de obtención y reporte de datos sobre cada uno de los perceptores finales de los fondos.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se compromete a:
– Mantener la coordinación y el apoyo técnico necesarios para la implementación y el desarrollo de las actuaciones, programas y proyectos en Formación Profesional en las Comunidades Autónomas.
– Poner a disposición de las Comunidades Autónomas el portal TodoFP como medio de difusión de las convocatorias y actuaciones que se realicen.
Los compromisos contraídos por las comunidades se formalizarán en las correspondientes resoluciones en las que se plasmará la distribución autorizada por el Consejo de Ministros y acordada por la Conferencia Sectorial, tal como establece la regla Cuarta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, así como las normas de justificación de los créditos recibidos.
Dichos instrumentos incluirán las particularidades inherentes al PRTR, tales como: la financiación con cargo al MRR, los principios de gestión y comunicación recogidos la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre; la información a proporcionar para el seguimiento del cumplimiento de objetivos y de ejecución presupuestaria y contable (Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre); el procedimiento de análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés (Orden HFP/55/2023, de 24 de enero), así como el sometimiento a las restantes disposiciones comunitarias y nacionales que resulten de aplicación. Estos instrumentos también incluirán los objetivos comprometidos en la Decisión de Implementación del Consejo (CID, por sus siglas en inglés), el cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado, al respeto del principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH, por sus siglas en inglés), el reintegro de fondos en caso de incumplimiento (y la reasignación de los mismos), el impacto sobre la creación y mantenimiento del empleo, así como sobre la participación y arrastre de las PYMEs.
Las Comunidades Autónomas receptoras de fondos deberán justificar su ejecución de acuerdo a lo previsto en los correspondientes instrumentos de formalización y normativa aplicable, así como lo previsto en el anexo I de las disposiciones operativas (operational arrangements, OA), consistentes en:
Mecanismo de verificación del objetivo 297, asociado al proyecto C20.I01.P01 Evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación:
Documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el objetivo CID 297 (incluidos los elementos relevantes de que se cumplió satisfactoriamente la meta, tal como se indica en la descripción de la meta y de la medida correspondiente en el anexo del CID).
Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo con la siguiente información: relación de las unidades de competencias registradas, evaluadas y acreditadas, desglosadas por área de especialización e incluyendo el identificador único (DNI) de la persona cuyas competencias se han evaluado y acreditado.
Sobre la base de una muestra a ser seleccionada por la Comisión, se presentará la siguiente prueba documental para cada una de las unidades (unidades de competencias) seleccionadas: certificados oficiales que acrediten las competencias del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales por un candidato a través de la experiencia laboral y no formal, que hayan sido registradas, evaluadas y acreditadas.
Mecanismo de verificación del objetivo 467, asociado al proyecto C20.I02.P02 Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada:
Dado que el objetivo CID 467 ha sido asignado tras la aprobación de la adenda al PRTR, y, en tanto en cuanto la Comisión no defina un mecanismo de verificación propio, se aplicará, por analogía, lo dispuesto en el anexo I de la Decisión de la Comisión, por la que se aprueban los Acuerdos Operativos (Operational Arrangements): Se deberá aportar documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el objetivo (incluidos los elementos relevantes de que se cumplió satisfactoriamente con la meta).
Mecanismo de verificación del objetivo 302, asociado al proyecto C20.I03.P02 Redimensionamiento de la oferta de FP:
Documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el objetivo CID 302 (incluidos los elementos relevantes de la meta, que se enumeran en la descripción de la meta y de la medida correspondiente en el anexo del CID).
Este documento incluirá como anexo la siguiente prueba documental:
a) un extracto de las estadísticas de educación de la educación no universitaria (EDUCAbase) referidas en la cifra de referencia indicando el número de grupos de FP creados;
b) una copia de la evaluación de necesidades y copia de las actas de la reunión de la Conferencia Territorial en la que se acordó la distribución territorial de las plazas/grupos de FP y
c) copia de las resoluciones ministeriales y las instrucciones técnicas dictadas por el Ministerio de Educación que establezcan los requisitos para la creación de la oferta de FP según sectores estratégicos.
Los instrumentos de formalización de la transferencia de los fondos, determinarán los mecanismos de seguimiento intermedio sobre los avances realizados, el estado de ejecución, cuantías totales de compromisos de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados), sin perjuicio de los informes de seguimiento recogidos en el artículo 3 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre.
Cabe indicar que, de acuerdo con lo previsto en las ya citadas Órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, las Comunidades Autónomas adquirirán la condición de entidades ejecutoras al recibir los fondos y la responsabilidad en el cumplimiento del objetivo CID, con las obligaciones que ello supone de acuerdo con las normas citadas.
Conforme al artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, las Comunidades Autónomas permitirán que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control.
Las Comunidades Autónomas, en tanto que entidades ejecutoras, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, aceptan la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B), y asimismo, incluirán en sus propios instrumentos de ejecución la citada obligación de la cesión de datos, respecto de sus beneficiarios, contratistas y subcontratistas. A estos efectos se tendrá en consideración la Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR, que elimina la referencia a la base de datos única en el citado modelo.
Los fondos distribuidos mediante el presente acuerdo son incompatibles con otras fuentes de financiación europea.
Con carácter previo a la elevación al Consejo de Ministros del presente acuerdo, se hizo la comunicación preceptiva previa al Ministerio de Hacienda, con fecha 7 de junio de 2024.
Medidas de Información, Comunicación y Visibilidad.
Las actuaciones recogidas en este acuerdo, que se desarrollen en todas las Comunidades Autónomas, serán financiadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por la Unión Europea-NextGenerationEU.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se establece que serán subvencionables, a partir del 1 de febrero de 2020, las medidas de los Planes de Recuperación y Resiliencia, que deben ser compatibles con los retos y prioridades pertinentes de cada país, determinados en el marco del Semestre Europeo.
Las actuaciones de comunicación, convocatoria, publicidad, resolución y notificación derivadas de la aportación del Estado a este programa cumplirán los requisitos de publicidad, según los cuales en todas las actuaciones que se deriven de los instrumentos contractuales o convencionales realizados con cualquier persona física o jurídica, pública o privada, se insertará la imagen institucional, que ha de incluir siempre el Escudo de España y la denominación del Ministerio, tal como se establece en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado y, en la Resolución de 26 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
El artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, indica que los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de la financiación y velarán por darle visibilidad, incluyendo el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.
En consecuencia, en las actuaciones del «Plan de Modernización de la Formación Profesional» financiadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con cargo a los PGE 2024, se incluirá el logo de la Unión Europea y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y se establecerá un mecanismo de identificación de las facturas o documentos originales del gasto (mediante sello, troquel u otro medio similar) de forma que figure su condición de «gasto financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y por la Unión Europea-NextGenerationEU».
En lo referente a la normativa nacional, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que indica lo siguiente:
1. Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del Plan incorporarán el logo oficial del PRTR del Reino de España, en los términos que se comuniquen por la Autoridad Responsable.
En todo caso, se tomará en consideración lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre la Comisión Europea y el Reino de España, por el que se concreta el marco en relación con la publicación de información, visibilidad de la financiación de la Unión y derecho de uso, en los términos que se recogen en los siguientes apartados.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento del Mecanismo, la información, la comunicación y la publicidad de los Estados miembros en relación con la financiación en aplicación del mismo serán, como mínimo, del mismo nivel que el exigido por las normas del Estado miembro para la financiación pública sin contribuciones del presupuesto de la Unión.
3. Con el fin de respetar sus obligaciones en virtud del artículo 34, apartado 2, del Reglamento del Mecanismo, y en particular para garantizar el suministro de información específica coherente, eficaz y proporcionada a múltiples audiencias, incluidos los medios de comunicación y el público, el Estado miembro deberá:
a) Disponer de una estrategia a nivel de los Estados miembros para dar a conocer y garantizar el reconocimiento de la contribución del MRR a la recuperación de Europa y, en particular, a la doble transición ecológica y digital.
b) Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación, en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del PRTR deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) «financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU», junto al logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Del mismo modo, todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU».
c) Establecer y mantener un espacio web único que proporcione información sobre el MRR y los proyectos relacionados y comunicar el enlace web específico a la Comisión.
d) Garantizar que los destinatarios finales de la financiación de la Unión en el marco del MRR reconozcan el origen y garanticen la visibilidad de la financiación de la Unión.
4. Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá utilizarse ninguna otra identidad visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.
5. Cualquier actividad de comunicación o difusión relacionada con el MRR y realizada por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio, deberá utilizar información fidedigna.
6. Cuando proceda, se indicará la siguiente cláusula de exención de responsabilidad (traducida a las lenguas locales, si procede): «Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas».
7. El Estado miembro concede a la Comisión el derecho a utilizar gratuitamente los materiales de comunicación relativos al MRR.
8. Así mismo, con el fin de asegurar una adecuada comunicación y transparencia, las Entidades ejecutoras deberán proporcionar información, a través de los mecanismos que a tal efecto se establezcan, sobre la publicación de cualquier convocatoria de ayuda o procedimiento de licitación para su inclusión en la página web gestionada por la Autoridad Responsable.
Las entidades responsables y gestoras designarán un responsable de comunicación a fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente artículo, sobre la base de las directrices de la Autoridad Responsable.