Real Decreto 50/2024, de 16 de enero, por el que se modifican los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, aprobados por Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero.

La Organización Colegial Veterinaria Española es una corporación de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución.

Fue creada por la Real Orden de 7 de noviembre de 1924, que autorizaba la creación de las agrupaciones veterinarias. En ese momento, la organización profesional veterinaria española se agrupó bajo el nombre de Asociación Nacional de Veterinaria Española, reconociéndose la denominación de Colegio Nacional y Provinciales de Veterinarios por la Orden Ministerial del entonces Ministerio de Agricultura de 19 de octubre de 1940.

Las ordenanzas que lo regían fueron modificadas por las órdenes ministeriales de 30 de agosto de 1945 y 13 de febrero de 1957, en donde se denominó a la Organización Colegial Española con el nombre de Consejo General y Colegios Provinciales de Veterinarios de España. Dichas Ordenanzas, en vigor hasta 1970, regulaban el ejercicio profesional de acuerdo con las estructuras legales y profesionales que entonces regían. Las profundas modificaciones legales operadas durante los años sesenta respecto a las elecciones de las organizaciones colegiales, a su representatividad y, particularmente, al ejercicio profesional veterinario llevaron a su substitución por la Orden del Ministerio de Agricultura de 25 de septiembre de 1970, posteriormente modificada en los años ochenta.

Posteriormente, con el objetivo de actualizar los Estatutos y adaptarlos a los cambios introducidos por la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se aprobó el Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, vigentes en la actualidad.

Sin embargo, los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria se aprobaron con carácter previo tanto a la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Así, con el objeto de adaptar los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española a las normas anteriormente citadas, en especial a lo previsto en la segunda de ellas en cuanto al régimen y funcionamiento de los órganos colegiados internos, en aspectos tales como la celebración de sesiones a distancia o el régimen de actas, el presente real decreto modifica los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española.

En segundo lugar, se recogen algunas modificaciones que obedecen a motivos de oportunidad, en aspectos tales como las competencias y el funcionamiento de los órganos colegiados del Consejo General o de los correspondientes Colegios, el régimen electoral, los requisitos de colegiación, las clases de colegiados y sus deberes y derechos, el régimen económico y presupuestario y el régimen disciplinario. Así, entre otras cuestiones, se contempla la posibilidad de celebración de reuniones a distancia, el régimen relativo a las actas de las reuniones; se introducen modificaciones respecto al régimen de funcionamiento de los órganos colegiados (celebración de sesiones a distancia, grabación de sesiones, redacción de las actas); modificaciones relativas a las funciones de los órganos colegiados del Consejo General, del régimen electoral y del régimen económico y presupuestario del Consejo General y de los Colegios; se modifican algunos requisitos de la colegiación, clases de colegiados, los derechos y deberes de éstos y el régimen disciplinario, con la inclusión de nuevas sanciones de carácter económico o que afectan parcialmente al ejercicio profesional. En particular, en este último, se substituye la sanción de suspensión temporal en el ejercicio profesional por la de suspensión de la condición de colegiado, aclarando de ese modo que se trata de una sanción que únicamente podrá imponerse a los miembros de la corporación cuya colegiación sea obligatoria, pues en el caso de los adscritos voluntariamente cabrá la suspensión de sus derechos como miembro, pero no una afección a su ejercicio como profesional.